El proyecto de reforma educativa impulsado por el presidente Javier Milei ha generado una intensa controversia, con duros calificativos de "terraplanismo educativo" por parte de sus detractores. El borrador de la llamada "Ley de Libertad Educativa" busca reemplazar la Ley de Educación Nacional (N° 26.206), vigente desde 2006, con una visión radical que cuestiona el rol del Estado como garante de la escolarización.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ha expresado su repudio total, advirtiendo que la propuesta atenta contra la educación como derecho y obligación.
Los pilares de la reforma y el voucher
El documento filtrado, cuya veracidad fue confirmada por el propio Gobierno, articula la reforma en torno a la "libertad de enseñanza y aprendizaje". El eje central es otorgar la toma de decisiones a las familias y a las instituciones, permitiendo a estas últimas diseñar sus propios planes de estudio conforme a su ideario.
Entre las transformaciones más significativas se encuentran:
·Educación hogareña (Homeschooling): Se habilita la formación en el hogar (no presencial) sin establecer una edad mínima. Este punto, que ya había sido rechazado en la Ley Ómnibus anterior, ahora regresa con una apuesta redoblada.
·Contenidos mínimos y menor carga horaria: Se apunta a la autonomía pedagógica y curricular de las escuelas, estableciendo solo un piso de contenidos comunes y reduciendo la base horaria obligatoria.
·Religión en escuelas estatales: Se admite la enseñanza religiosa en las instituciones públicas.
·Vouchers educativos: La reforma reflota la idea del financiamiento por demanda, una de las promesas de campaña de Milei.
El borrador sería el resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger.
El grito de la CTERA: un "ataque al sistema democrático"
La reacción del gremio docente fue inmediata y categórica. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, advirtió que el proyecto "destrozaría el sistema educativo nacional". Sonia Alesso, de CTERA, comparó la reforma con un escenario "anterior a la Ley 1.420, que es de 1884", señalando que los principios de la escuela pública y gratuita de Domingo Faustino Sarmiento serían socavados.
CTERA definió la propuesta como un "verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto" que arremete contra la garantía estatal del derecho a la educación y los derechos laborales de los docentes.
El colectivo docente critica que, bajo la bandera de la "libertad", el proyecto pretende "eliminar la figura del Estado como garante principal" para relegar su rol a la mera subsidiariedad. Argumentan que la reforma busca reemplazar el consenso plural de 2006 (que definió la educación como un derecho social) por un modelo que responde a intereses empresariales, definiendo a la educación como un simple servicio. La Junta Ejecutiva de CTERA concluyó que se trata de un "retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX".
