A pesar de que el escándalo de corrupción que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acumula pruebas contundentes y detenciones, el Gobierno del presidente Javier Milei está utilizando su brazo legal para paralizar un amparo colectivo que exige el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Organizaciones y familiares del sector alertaron sobre la doble vara de la justicia federal, donde la causa penal avanza con firmeza, mientras el reclamo ciudadano es blanco de maniobras dilatorias por parte del Estado.
El Contraste: corrupción vs. amparo
El escenario judicial actual presenta dos velocidades:
1.Causa penal (ANDIS): La investigación por coimas y sobornos avanza rápidamente. El fiscal Franco Piccardi ya cuenta con dos empresarios detenidos (uno con $700.000 dólares en efectivo secuestrados en la casa de su hija), 15 imputados (incluyendo al exdirector Diego Spagnuolo), audios comprometedores y una acusación que estima el desvío de 48.000 millones de pesos destinados a discapacidad.
2.Amparo colectivo (Familias): Más de 20 organizaciones presentaron un amparo contra el decreto presidencial que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido aprobada por el Congreso tras rechazar un veto. El Juez Federal de Campana ya había dado lugar al reclamo, rechazando todas las excepciones presentadas por el Gobierno.
Maniobra de recusación y demora
Cuando la victoria de las organizaciones parecía inminente, el Procurador del Tesoro de la Nación —máximo responsable de la defensa legal del Estado— interpuso una recusación contra el Juez Federal de Campana.
El argumento central del Procurador fue que el magistrado habría "prejuzgado" al dictaminar que el decreto efectivamente suspendía la ley (algo que el texto legal confirma).
Aunque el juez refutó cada uno de los argumentos, demostrando la correcta aplicación de la doctrina de la Corte Suprema sobre amparos colectivos, se vio obligado a apartarse de la causa. Ahora, la Cámara deberá designar a un nuevo magistrado, un proceso que, según denuncian los familiares, logra el objetivo buscado por el Gobierno: demorar y
paralizar la resolución del reclamo.
Los familiares manifestaron su indignación, cuestionando: "¿Por qué el gobierno pone tanto empeño en frenar nuestro amparo legítimo mientras la justicia acumula pruebas de corrupción millonaria en ANDIS?". Afirman que es una contradicción que el mismo Ejecutivo que debería velar por la transparencia use recursos legales para obstruir un reclamo que solo pide que se respete una ley aprobada por el Congreso.
