El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, fue trasladado este jueves al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza para comenzar a cumplir la pena de cuatro años de prisión por su rol en la trágica colisión ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012, que resultó en 51 fallecidos y más de 700 heridos.
La detención se materializó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara los últimos recursos presentados por la defensa y la fiscalía, ratificando de manera definitiva la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). El exfuncionario se presentó en los tribunales de Comodoro Py en la mañana, inmediatamente después de conocerse la decisión del máximo tribunal.
Firmeza de la condena por administración fraudulenta
El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) había condenado a De Vido como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en detrimento de la administración pública.
Aunque fue absuelto del cargo de estrago culposo, que lo vinculaba directamente con las muertes, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti de la Corte Suprema rechazaron los planteos de inadmisibilidad, sellando su destino penal.
La sentencia, que ahora está firme, incluye no solo la privación de la libertad por cuatro años, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público en el futuro.
La responsabilidad del exministro
El fallo original de 2018 estableció que, en su rol como máxima autoridad de Planificación Federal, De Vido incumplió su deber de supervisión sobre los cuantiosos fondos estatales destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA), operadora de la línea Sarmiento.
El TOF 4, integrado por los magistrados Bertuzzi, Costabel y López Iñíguez, determinó que el Ministerio a su cargo no adoptó medidas de control efectivas, ignorando los reiterados informes que alertaban sobre el deterioro y el funcionamiento deficiente del servicio ferroviario. Si bien la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la responsabilidad penal, en 2024 la Corte ordenó una revisión que culminó con la pena final de cuatro años de prisión.
Con la reciente desestimación de la solicitud de prescripción de la causa y otros recursos, se agotaron las instancias de apelación, dando paso al cumplimiento efectivo de la condena.
