El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Kirchner, formalizó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el presunto delito de abuso de autoridad. La acción judicial surge a raíz de explosivas declaraciones televisivas del mandatario, en las que se auto-atribuyó haber tomado la decisión de que la exvicepresidenta fuera encarcelada.

El presidente emitió la controversial frase durante una entrevista, al intentar desestimar el escándalo que vincula al diputado José Luis Espert con un empresario investigado por narcotráfico. Milei argumentó que el narcoescándalo era una "venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa" Cristina Kirchner.

Admisión de un "Acto de Poder Ilegal"

Dalbón sostiene que la afirmación de Milei trasciende la mera opinión política y constituye una "admisión de un acto de poder ilegal", ya que representa una clara violación de la independencia del Poder Judicial y el orden constitucional.

La denuncia se fundamenta en el Artículo 248 del Código Penal, que sanciona a funcionarios públicos que dictan resoluciones contrarias a la Constitución. Además, el letrado apuntó al Artículo 366, inciso b, del Código Procesal Penal Federal, que habilita la revisión de sentencias, incluso si son firmes, si se comprueba que un jefe de Estado influyó ilegítimamente en el proceso judicial.

El objetivo de la presentación no es solo sancionar un delito, sino también "defender el Estado de Derecho" frente a un presidente que, según Dalbón, "públicamente se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora."

La "Confesión" del Lawfare

Para la defensa de la expresidenta, las palabras de Milei son una prueba irrefutable de que la persecución judicial, o lawfare, fue real y tuvo motivaciones políticas.

El abogado sentenció que el presidente "confesó que la Justicia no es independiente" y que la prisión de Cristina fue una "decisión política". Subrayó que, en cualquier país con instituciones sólidas, esta revelación bastaría para iniciar un juicio político al mandatario.

Dalbón concluyó que lo ocurrido demuestra una acción conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial que habría afectado el debido proceso y la garantía de defensa de Cristina Kirchner, y anunció que buscará la anulación de la sentencia en su contra, afirmando que "el lawfare fue confesado" y que la exmandataria es una "presa política" en Argentina.