Tras un extenso juicio de 32 audiencias, el tribunal de Neuquén dictó su veredicto en el caso de la estafa con planes sociales. Doce exfuncionarios y empleados del Ministerio de Desarrollo Social fueron declarados culpables de defraudar al Estado provincial. La sentencia, leída este martes, estableció distintos niveles de responsabilidad para los acusados, aunque todos fueron absueltos del cargo de asociación ilícita.
El tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, confirmó la existencia de una "maniobra delictiva y sistemática" que operó entre 2020 y 2022. La defraudación se basó en el desvío de fondos destinados a subsidios por desempleo, que eran cobrados y distribuidos ilegalmente.
Cómo operaba la estafa
Según la sentencia, la maniobra criminal involucraba a cuatro grupos principales:
1.Beneficiarios engañados: Personas que cumplían los requisitos para recibir los subsidios, pero a quienes solo se les entregaba alrededor del 10% del dinero, mientras el 90% restante era retenido por los funcionarios.
2.Empleados cómplices: Funcionarios del Ministerio que se inscribían fraudulentamente como beneficiarios de planes sociales para cobrar el dinero.
3.Captadores de beneficiarios: Empleados que, además de cobrar subsidios, eran presionados para reclutar a más personas, incluyendo familiares, para engrosar los listados.
4.Punteros políticos: Listados de militantes del Movimiento Popular Neuquino (MPN) se usaban para generar beneficiarios ficticios y desviar fondos.
Los fondos desviados se recolectaban en la oficina de la calle Rivadavia en una "caja azul" y se distribuían entre los implicados. Se probó que se falsificaban firmas en cheques, se usaban tarjetas de débito de los beneficiarios para realizar extracciones masivas y se recurría a amenazas para evitar que la estafa fuera denunciada.
Los niveles de responsabilidad
El tribunal estableció que la defraudación tuvo distintos niveles de participación:
·Nivel de Dirección de Planes Sociales: Los jueces declararon a Ricardo Soiza y a Pablo Sanz como coautores, mientras que Marcos Osuna y Emanuel Victoria Contreras fueron considerados partícipes necesarios.
·Nivel Administrativo y Financiero: Los exdirectores Luis María Gallo, Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo fueron declarados coautores por autorizar los pagos y manipular los asientos contables.
·Nivel Jerárquico Superior: El exministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, fue hallado penalmente responsable como coautor, ya que el tribunal determinó que había autorizado y permitido la maniobra.
El veredicto también incluyó a otros partícipes necesarios, como Isabel Montoya, Valeria Honorio y el abogado Alfredo Cury, quienes colaboraron en la estafa a través del cobro de cheques y extracciones.
Aunque el tribunal encontró a todos los acusados culpables de la estafa, los absolvió del cargo de asociación ilícita, citando el beneficio de la duda. Se espera que la pena para cada uno de los condenados sea informada en los próximos 20 días hábiles.
