Un juez civil declaró la caducidad de una demanda por daños y perjuicios de $ 22.300 millones que el Estado le reclamaba a la ex presidenta Cristina Kirchner por las obras inconclusas de Lázaro Báez. A pesar de la oposición de la Dirección Nacional de Vialidad, el juez Marcelo Bruno Dos Santos dio por finalizado el proceso, argumentando que no hubo actividad procesal durante un período superior al legal.

Esta resolución significa que el Estado ya no podrá exigir el resarcimiento económico en esta instancia. Por su parte, la defensa de la ex vicepresidenta, a cargo de Luis Goldin, había solicitado el cierre de la causa, sosteniendo que el expediente no había tenido avances desde el 19 de octubre de 2023.

Argumentos de la defensa y la respuesta de Vialidad Nacional

El abogado de la exmandataria se basó en la falta de impulso procesal por parte de la Dirección de Vialidad, a lo que el organismo estatal respondió que sí había realizado acciones, como la incorporación de la sentencia de la Cámara Federal de Casación que confirmaba la condena por administración fraudulenta. Vialidad argumentó que esa sentencia y la ratificación de la Corte Suprema, que determinaba un perjuicio de $ 85.000 millones, daban suficiente fundamento para continuar el caso.

Sin embargo, el juez Dos Santos no coincidió con esta visión. Si bien reconoció que la inactividad no siempre es negligencia, afirmó que la ley busca evitar que los juicios se prolonguen indefinidamente. Al evaluar los plazos, el magistrado consideró que se cumplía el tiempo necesario para la caducidad, dándole la razón a la defensa de Cristina Kirchner.

El reclamo continúa en el fuero penal

Aunque el frente civil se cierra, el proceso en el fuero penal sigue su curso. La sentencia contra Cristina Kirchner por administración fraudulenta, que estableció un perjuicio para el Estado de $ 85.000 millones, está en manos de la Corte Suprema de Justicia. El gobierno de Javier Milei ha expresado su intención de continuar con el reclamo y, en caso de que la Corte confirme la condena, podría buscar una actualización del monto de la demanda. Mientras tanto, en la Justicia penal avanza también la ejecución patrimonial por el decomiso de U$S 537 millones a Lázaro Báez.