La Corte de Apelaciones de Nueva York decidió prorrogar la suspensión del fallo que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital. Esta medida mantiene el paquete accionario del Estado bajo resguardo en la Caja de Valores, a la espera de una sentencia definitiva.

El litigio se remonta a diez años atrás, cuando el fondo buitre Burford Capital adquirió la demanda del Grupo Petersen, uno de los accionistas que se vio perjudicado por la reestatización de la petrolera. Desde entonces, el bufete inglés ha presionado para obtener un fallo favorable que le permita cobrar una millonaria suma. Burford no estaría interesado en las acciones de YPF, sino en el dinero que pueda obtener a cambio de ellas.

Un litigio millonario y polémicas decisiones

Burford Capital, que se especializa en financiar litigios, ganó la subasta por la demanda en 2015. El acuerdo le otorga el 70% de las ganancias que se obtengan, mientras que el 30% restante será para la quiebra de las empresas del Grupo Petersen. A la demanda original, se sumó la del accionista minoritario Eton Park. En total, los demandantes exigen 16.100 millones de dólares, una cifra que aumenta en 2 millones de dólares cada día por intereses.

A pesar de que los distintos gobiernos argentinos han mantenido una postura firme en defensa de la soberanía nacional, el actual Ejecutivo, liderado por La Libertad Avanza, generó controversia en distintas oportunidades. En redes sociales, el propio presidente Javier Milei publicó mensajes que parecían favorecer a los acreedores. Además, el nombramiento de Santiago Castro Videla como titular de la Procuración del Tesoro Nacional fue cuestionado, ya que es socio del abogado Alberto Bianchi, contratado como testigo experto para defender los intereses de Burford Capital en el juicio.