Un juez de garantías ha concedido a Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalizaciones de la Dirección de Planes Sociales, permiso para salir de su arresto domiciliario y trabajar. Sanz, quien está imputado en la megacausa por la estafa con planes sociales, podrá trabajar tres horas diarias en una tienda de productos informáticos. Sin embargo, la decisión del juez Luis Giorgetti no está firme, ya que la fiscalía ha solicitado una revisión de la medida. (Foto Sanz de anteojos)

Necesidad económica como argumento principal

Sanz se encuentra bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica desde noviembre de 2023. Su defensa, a cargo de la defensora oficial Laura Giuliani, argumentó que la familia enfrenta una situación económica crítica. Según un informe social, los ingresos actuales del hogar, que vive con la pareja de Sanz, Isabel Montoya, sus hijos y los padres de él, apenas superan los 900 mil pesos mensuales, lo que los sitúa por debajo de la línea de pobreza.

Montoya, quien también está imputada en la causa, tuvo que dejar su empleo de empleada doméstica y cerrar su salón de estética en Centenario debido a amenazas y pintadas. Su única fuente de ingresos es la cuota alimentaria de su hijo menor, lo que deja a la familia en una posición de vulnerabilidad económica.

Argumentos de la fiscalía y la decisión judicial

El juez Giorgetti valoró la necesidad de asistencia familiar y recordó que la prisión de Sanz es una medida cautelar y no una condena. Subrayó que "toda persona es inocente hasta que se dicte sentencia" y consideró que las salidas controladas no incrementan el riesgo de que el imputado entorpezca la investigación.

Por su parte, la fiscalía se opuso a la medida. Argumentó que el informe social no justifica la salida laboral, ya que existe la posibilidad de que Isabel Montoya genere los ingresos. Por esta razón, la fiscalía pidió la revisión de la decisión judicial, la cual está programada para ser evaluada nuevamente.