La Cámara de Diputados se prepara para un enfrentamiento legislativo crucial que definirá el destino de varias leyes recientemente aprobadas, entre ellas las que proponen aumentos jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad. Con el presidente Javier Milei decidido a formalizar sus vetos antes del 4 de agosto, tanto el oficialismo como los bloques opositores ya afilan sus estrategias y cuentan los votos para imponer su postura.
El Poder Ejecutivo recibió el pasado lunes las leyes sancionadas el 10 de julio por el Senado, dándole al presidente Milei un plazo límite para ejercer su facultad de veto. Ante este escenario, La Libertad Avanza (LLA) y los bloques opositores, que incluyen a Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, han iniciado un intenso conteo de apoyos.
La oposición busca más "golpes" antes del veto
Más allá de la batalla por los vetos, la oposición tiene una agenda propia y busca asestar nuevos "golpes" legislativos al Gobierno. Planean avanzar con la sanción de proyectos que ya tienen media sanción del Senado, como la emergencia del Hospital Garrahan, el financiamiento universitario y la reforma de la ley del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fuentes parlamentarias indican que los bloques opositores dialoguistas aguardan una señal de sus respectivos gobernadores para asegurar el quórum y los votos necesarios que permitan la aprobación de estas iniciativas.
La estrategia del oficialismo: blindar los veto
Desde el oficialismo, la prioridad es mantener los vetos presidenciales. Voceros libertarios adelantaron que la estrategia será convocar a una sesión en los primeros quince días de agosto, solo si logran reunir la cantidad de votos suficiente para sostener las objeciones del Ejecutivo.
Para que un veto presidencial se mantenga, el oficialismo necesita el respaldo de un tercio de los legisladores presentes en la sesión. En un escenario de máxima asistencia (257 diputados), LLA necesitaría 87 votos. Con 39 diputados propios y dos aliados firmes (CREO y Somos Fueguinos), suman 41 votos, lo que significa que deben conseguir al menos 46 sufragios adicionales.
Las negociaciones se centran en bloques clave. Fuentes parlamentarias señalan que LLA busca el apoyo de al menos 33 de los 35 miembros del PRO, los 6 radicales "con peluca" de Liga del Interior, dos exdiputados macristas de Santa Fe de Futuro y Libertad, los tres del MID y, al menos, seis de la bancada de la UCR.
La mira está puesta en la bancada del PRO, donde la ley jubilatoria generó divisiones: 22 diputados votaron en contra, 9 se abstuvieron, 3 estuvieron ausentes y solo el larretista Héctor Baldassi votó a favor. El oficialismo también aspira a sumar a otros aliados que no participaron de esa votación, como Eduardo Falcone y Oscar Zago (MID), y Mariano Campero y Martín Arjol (Liga del Interior). Tras los recientes acuerdos electorales en Mendoza y Chaco, LLA también espera contar con el respaldo de algunos radicales como Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Gerardo Polini.
El costo fiscal en el centro del debate
Tanto el oficialismo como algunos bloques opositores dialoguistas aguardan las instrucciones de los gobernadores respecto a los vetos, especialmente en lo que concierne a las jubilaciones. El Gobierno insiste en que no cuenta con los recursos necesarios para sostener el aumento del 7,2% en las jubilaciones, el incremento del bono de $70 mil a $110 mil para las mínimas y la declaración de emergencia en discapacidad, sin afectar el equilibrio fiscal.
Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el aumento jubilatorio, el bono y la compensación a las cajas provinciales tendrían un impacto fiscal del 0,79% del PBI. La OPC advierte que las medidas propuestas por el Gobierno para compensar ese aumento solo alcanzan para cubrir el 40% de esas erogaciones. En el caso del proyecto de discapacidad, el impacto fiscal oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, con la incertidumbre de cuántas altas nuevas se producirán en el próximo año.
El desenlace de esta pulseada legislativa será crucial para la agenda del gobierno y para la relación de fuerzas en el Congreso de cara a lo que resta del año legislativo.
