Argentina enfrenta un déficit habitacional que afecta a 3 millones de familias, según la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco). En este contexto, el actual gobierno de Javier Milei ha paralizado la construcción de más de 59.000 viviendas sociales iniciadas por la administración anterior, como parte de su política de freno a la obra pública y la eliminación de la Secretaría de Vivienda.

La situación se agrava con el caso de 160 viviendas del plan Procrear en Avellaneda que, a pesar de estar terminadas y ya asignadas por sorteo a vecinos, fueron entregadas esta semana a integrantes de las fuerzas policiales por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El sueño de la casa propia truncado

Daniela Drizza, trabajadora social, es una de las 160 personas afectadas. En noviembre de 2023, Drizza y otros 159 beneficiarios ganaron el sorteo de casas en el edificio Sagol de Avellaneda. En enero de 2024, fue contactada y recibió una tarjeta de débito del Banco Hipotecario. La entrega de su vivienda, ya terminada, estaba prevista para marzo de 2024. Sin embargo, la reciente decisión del Ministerio de Seguridad frustró sus planes.

"Por ahora no hay nadie en las casas, pero una siente impotencia y bronca porque hace más de un año que estábamos esperando entrar y no es que no tratamos de contactar a las autoridades, pero no nos contestaron nunca", lamenta Drizza. Actualmente, paga $600.000 por un alquiler en La Boca, mientras que la cuota del Procrear por una casa del mismo tamaño habría sido la mitad.

Los 160 afectados han formado la red "Sagol En Lucha" y planean presentar una demanda colectiva junto a la Defensoría del Pueblo de Avellaneda. También han solicitado audiencias con el Ministerio de Economía, que cedió el complejo al de Seguridad, y al Banco Hipotecario.

Miles de obras inconclusas en todo el país

El caso de las viviendas de Avellaneda es solo la punta del iceberg. Un informe de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital revela que hay 34.610 unidades paradas del plan Casa Propia, 16.217 del Procrear y 8.488 del programa Reconstruir (obras que ya habían sido paralizadas por el gobierno de Mauricio Macri y retomadas por la gestión de Alberto Fernández, pero que tampoco se terminaron). En total, son más de 59.000 viviendas sociales a medio hacer, sumadas a 13.243 lotes con servicios inconclusos.

Estos complejos de casas sociales, abandonados en diversas etapas de construcción, son visibles en todo el país. Los gobiernos provinciales, como el de Buenos Aires, y municipales, como el de Avellaneda, han expresado su interés en que el Gobierno nacional les transfiera las obras con un grado de avance superior al 70% para poder finalizarlas. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta.

Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Silvina Batakis, informan que en la provincia hay 16.000 viviendas nacionales paralizadas, muchas con un 90% de avance. Pese a esto, el Gobierno nacional "nunca quiso dialogar con nosotros para transferirlas".

De esas 16.000 viviendas, más de 9.000 corresponden al Procrear y 7.000 se iniciaron con fondos del desaparecido Ministerio de Vivienda de la Nación. Las segundas son más sencillas de terminar por parte de la provincia, mientras que las del Procrear resultan "imposibles por la complejidad legal y sus montos exorbitantes". Un ejemplo es un complejo Procrear avanzado en un 90% en terrenos cedidos por la Fuerza Aérea en El Palomar, cuyo destino es incierto.

Durante la anterior administración, se terminaron 8.027 unidades de Casa Propia, 108 de Procrear, 6.719 de Reconstruir y 3.702 lotes con servicios.