José Eugenio Díaz, exintendente de El Brete y exlegislador, fue condenado a tres años de prisión condicional por los delitos de abuso sexual y coacción. La sentencia, dictada a más de dos décadas de los hechos, ha generado indignación en Córdoba, no solo por el tiempo transcurrido sino por la levedad de la pena. Díaz había sido denunciado en 2004 por seis víctimas que lo acusaron de exigirles favores sexuales a cambio de trabajo y planes sociales mientras ejercía su cargo.

Un delito con alta penalidad y una sentencia cuestionada

El caso de Díaz es particularmente polémico porque, a pesar de que el delito de abuso sexual tiene una pena que oscila entre los 2 y los 32 años de cárcel, el exintendente solo recibió una condena de tres años y, además, de cumplimiento condicional, lo que significa que no irá a prisión si cumple ciertas condiciones.

Una de las víctimas rompió el silencio y habló por primera vez en Noticiero Doce, explicando que en aquel entonces, ella y las demás denunciantes trabajaban en la comuna del noroeste provincial. "Él empezó a pedir cosas a cambio, una tiene esos nervios como si viviera el mismo día que pasó", confesó conmovida al recordar los abusos.

Testimonio escalofriante de una víctima

La mujer relató la mecánica de los abusos: "Todo era a cambio de tener relaciones sexuales". Aseguró que cada vez que alguna de ellas necesitaba algo, Díaz respondía con un tácito "Ya sabés cómo es esto". Compartió ejemplos, como una situación en la que una víctima necesitaba su aval para ingresar a un trabajo y otra a la que le ofreció dinero directamente.

La víctima también detalló que los hechos siempre ocurrían en la oficina del entonces intendente, la cual permanecía cerrada. "La gente que estaba a su alrededor siempre estaba afuera entonces no sabía nada", lamentó.

Acuerdo entre fiscal y defensa genera fuerte crítica

La condena fue el resultado de un juicio abreviado, acordado entre el abogado de Díaz y la fiscal del caso, Fabiana Pochettino, después de que el acusado reconociera los hechos. Esta situación generó un fuerte descontento en la querella. "Nos encontramos que la fiscal ya había acordado con la defensa. La pena era de 2 a 32 años y la fiscal pidió 3", expresó indignado el abogado de las víctimas, Pablo Olmos, esta mañana en Arriba Córdoba.

La comunidad de Córdoba se pregunta cómo un caso con estas características y una acusación tan grave terminó en una condena tan baja y demorada.