La actual legisladora, Nadia Márquez, habría cobrado por cursos de periodismo en dos instituciones hasta que los egresados de dicha propuesta descubrieron que los títulos eran "truchos".
La razón de la imputación fue la extensión de títulos falsos en dos instituciones terciarias de la provincia de Neuquén. El hecho habría ocurrido hace 20 años y los damnificados aportaron facturas firmadas por Márquez.
Junto a Lucio Fernández, Marcelo Lafitte, Hugo Macchiavelli y Augusto Himitian, la actual legisladora habría cobrado por cursos de periodismo en el Instituto Cristiano Internacional y en una "universidad" de nombre "Regency" hasta que los egresados de dicha propuesta comenzaron a descubrir que los títulos eran truchos.
Los damnificados llevaron el reclamo a la Justicia. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal con Competencia Provincial desestimó la denuncia por presunta "insubsistencia".
Márquez y sus socios fueron entonces sobreseídos pero la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Neuquén, integrada por Leila Graciela M. de Corvalán. No obstante, Antonio Labate, revocó aquel fallo el 7 de octubre de 2011.
Los hechos analizados por la Justicia ocurrieron entre 1999 y 2004. Los querellantes llegaron a aportar facturas fechadas en 2002, firmadas por Márquez, como elemento probatorio de la estafa.
Fuentes vinculadas a la investigación precisaron que el sumario se instruyó en noviembre de 2004, mientras que para marzo de 2005 se concretó el primer llamado a prestar declaración en la causa. Entre las personas citadas estuvo Márquez.
En abril de 2009, la querella pidió la elevación a juicio y la defensa de Laffite, Macchiavelli e Himitian solicitó el sobreseimiento por insubsistencia de la acción penal y prescripción de la causa. Fernández y Márquez intentaron recusar pero terminaron apelando al mismo recurso que sus tres colegas.
Al revocar el sobreseimiento, Corvalán y Labate dictaminaron que la causa continúe su curso. Por eso, Márquez tuvo que aceptar una probation para evitar una condena, lo que técnicamente significa la suspensión del juicio a prueba para evitar la prisión.
Ese mecanismo consiste en un acuerdo entre el Estado y el imputado, beneficio al que adhirió en 2013 la jefa del bloque libertario en las sombras ahora. Bajo ese entendimiento, el Poder Judicial le impuso la obligación de repartir 5 litros de leche por mes a la institución Aser, una organización que lucha contra las adicciones.
La legislatura de esa jurisdicción patagónica modificó el Código Electoral y estableció que no podrán ser candidatos "las personas que hayan sido beneficiadas con una suspensión de juicio a prueba regulada por el artículo 76 bis del Código Penal".
En las radios de Neuquén capital, los últimos días se escuchó a Márquez cargando contra Cristina Kirchner por Ficha Limpia. "El proyecto de Ficha Limpia no va contra Cristina, es Cristina la que va contra Ficha Limpia", decía.
