En un giro significativo en el marco del concurso preventivo de acreedores de Vicentin Saic, la Justicia provincial ha dispuesto la intervención del órgano de administración de la agroexportadora por un plazo de 120 días. La medida, dictada por el juez Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, responde a la grave crisis financiera y operativa que atraviesa la empresa y que pone en riesgo la continuidad de sus plantas y los puestos de trabajo, en un contexto donde los empleados ya han aceptado el pago de sus salarios en cuotas.
Para llevar adelante esta compleja etapa, el juez Lorenzini designó como interventores societarios al contador Andrés Shocrón y al abogado Guillermo Nudemberg. El fallo, dado a conocer este martes, también determinó la suspensión, sin derecho a percepción de haberes, de los actuales directores de la sociedad, algunos de los cuales se encuentran detenidos en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades.
La decisión del magistrado se fundamenta en las irregularidades detectadas por los fiscales de la causa en el manejo actual de la empresa. Un ejemplo concreto es el uso de fondos de la caja de Vicentin para sufragar los gastos de la defensa personal de los directivos acusados de estafa y otros ilícitos. Estos argumentos fueron considerados determinantes por el juez para ordenar la intervención.
Según el magistrado Lorenzini, el objetivo primordial de esta medida es prevenir una quiebra de la empresa santafesina, que se encuentra inmersa en un proceso concursal marcado por denuncias de estafas ligadas a la cesación de pagos. Asimismo, la intervención busca proteger los puestos de trabajo y reactivar las unidades productivas de la empresa a través de la concreción de nuevos contratos y negociaciones.
El fallo subraya que la intervención persigue la “prevención del daño en curso, contemplando alternativas" para que "no implique la aniquilación total de la actividad productiva”. En este sentido, propone la “protección efectiva de la empresa económicamente viable” y, ante la eventualidad de no poder evitar una quiebra liquidativa, busca “anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos mediante la actuación tempestiva y suficiente para conminar efectos nocivos que podrían producirse por una parálisis total de la explotación industrial”.
El juez Lorenzini destaca la importancia del “diálogo” como herramienta fundamental para lograr la reorganización de Vicentin y evitar su colapso. Entre sus argumentos, valora la necesidad de “generar en forma inmediata los mecanismos para la reestructuración” de las obligaciones impagas a la fecha.
En este sentido, el magistrado señala que “será tarea fundamental e inmediata de la intervención, y de toda la administración societaria, con el apoyo de la sindicatura plural, la apertura de un diálogo inmediato tendiente a la renegociación y continuidad de la provisión de tales bienes y servicios bajo pautas razonables por el lapso de la presente tutela inhibitoria concursal, tendiéndose gradualmente a la continuidad de los contratos vigentes una vez transcurrido el lapso de esta medida”.
El Alcance de la Intervención
El plazo de 120 días hábiles judiciales dispuesto en el fallo comenzará a correr a partir de la notificación formal y es susceptible de ser “prorrogable”. El magistrado enumera cuatro “áreas y funciones” que serán directamente implicadas en la intervención:
Administración y disposición de todos los bienes y recursos de la sociedad: Esto incluye tanto fondos dinerarios en cualquier moneda como inversiones, derechos, acciones, inmuebles y stocks, tanto en el país como en el extranjero.
Negociación y administración de contratos: Se faculta a los interventores a negociar, celebrar, rescindir o resolver contratos de todo tipo (fazón, alquiler, servicios, etc.) que impliquen ingresos o egresos para la sociedad, con el objetivo de reducir el déficit de la empresa o de sus unidades de negocio.
Medidas urgentes de conservación de activos: Se ordena la implementación de medidas para la protección de los activos de la empresa mientras se aprueba el plan de intervención definitivo.
Reorganización administrativa y productiva: Los interventores deberán reorganizar la estructura administrativa y productiva de Vicentin, adaptándola a la realidad actual de la empresa, sus unidades de negocio y sus necesidades operativas inmediatas.
Finalmente, el fallo ordena que no se interrumpan y se garanticen los servicios de todos los proveedores de servicios públicos y privados, así como los insumos considerados esenciales o indispensables para la operación industrial de las plantas fabriles. Esta medida incluye a proveedores de gas, energía eléctrica, servicios informáticos, seguridad, transporte, telefonía y seguros, entre otros, buscando asegurar la continuidad operativa de la empresa durante el proceso de intervención.
