El fiscal Pablo Vignaroli señaló que los nuevos allanamientos se dispusieron luego que surgiera evidencia de una "contabilidad paralela" respecto a lo que se recaudaba con las supuestas estafas con los planes sociales por parte de Ricardo Soiza, Marcos Osuna y Pablo Sanz, los funcionarios del ministerio de Desarrollo Social de la provincia imputados en la causa. También recibieron información de cómo funcionaban los "aprietes" para que no se denunciara la situación.
"Estos días, surgió la información de que, como llevaban adelante un registro paralelo, una especie de contabilidad paralela y que normalmente se hacía en dispositivos personales, no en los dispositivos del organismo. Por eso es que también el objetivo del allanamiento era poder encontrar esos dispositivos", dijo.
El fiscal Vignaroli detalló que van a solicitar "una prisión preventiva", dijo y aclaró que "Esto va a quedar supeditado tanto en la información que aportemos nosotros, en la información que aporte la defensa y a la decisión que tome el juez".
En cuanto a los "aprietes", planteó que "está relacionado con un manejo interno que tenía la dirección. La dirección tiene una característica, las personas que trabajaban allí no eran de planta permanente, sino que eran personas contratadas, con lo cual existió siempre una manipulación relacionada con que, si hablaban, si contaban, si decían algo, se quedan sin trabajo", detalló.
"Y tampoco tenemos que perder de vista que eran personas que nunca habían tenido un trabajo registrado, nunca habían sido personas que habían estado en el mercado laboral formal, con lo cual ellos veían en esta situación una posibilidad de tener un ingreso regular, mensual y ellos entraron en un círculo vicioso en el cual se veían obligados hacer a veces determinadas cosas ya que la amenaza era clara: si no lo hacen se quedan sin trabajo", resaltó.
Sobre este último dato, aclaró que "si nos vamos al Código Penal sería una coacción, sería obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad. Nosotros por el momento nos interesa esta información para pedir las medidas de coerción, la prisión preventiva. Después, si nosotros avanzamos más y vemos que hay un delito autónomo que haya que investigar, lo investigaremos", adelantó.
