Personal en actividad, retirados y pensionados denuncian incertidumbre ante el cese de IOSFA y el desembarco de Medicus desde este 1º de junio. Cuestionan la falta de información de las cartillas, plazos de inscripción asfixiantes y cuotas que licúan los salarios.
Una profunda ola de preocupación y rechazo sacude los estamentos internos de las fuerzas de seguridad federales en distintos puntos del país. Efectivos en actividad, personal en situación de retiro y pensionados de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina manifestaron su enérgico descontento ante la implementación del nuevo sistema de cobertura médica que comenzará a regir formalmente este lunes 1º de junio, bajo la tutela de la empresa de medicina prepaga Medicus.
La medida, dispuesta por el Ministerio de Seguridad tras decretar la disolución de los servicios del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), se oficializó mediante una adjudicación firmada a principios de mayo. Sin embargo, los beneficiarios —con fuerte repercusión en unidades del interior, como el Destacamento de General Acha— denunciaron que la transición se ejecutó de manera inconsulta, obligándolos a realizar trámites de afiliación digital a contrarreloj bajo la amenaza de quedar desamparados.
Incertidumbre prestacional y arrastre de deudas
El principal eje de conflicto se centra en las zonas grises respecto a las prestaciones médicas reales que recibirán los uniformados y sus familias. Los afiliados señalaron que la compañía privada no brindó precisiones sobre las cartillas de profesionales ni los centros de atención habilitados en las provincias, un factor crítico para quienes prestan servicio en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.
Asimismo, delegaciones de base recordaron que la problemática de la salud no es nueva: gran parte del personal pasó el último año con prestaciones suspendidas o severamente recortadas por la anterior obra social, a pesar de que el Estado continuó aplicando los correspondientes descuentos salariales de forma ininterrumpida.
El impacto en el bolsillo: Los aranceles de los esquemas de cobertura médica privada encendieron alarmas inmediatas en los presupuestos familiares. Según confirmaron fuentes de las fuerzas, el plan básico de la prepaga arranca en una base estimada de 127 mil pesos mensuales, mientras que las opciones de mayor complejidad o coberturas ampliadas trepan por encima de los 500 mil pesos, cifras que resultan prohibitivas para las escalas salariales de los rangos intermedios y bajos.
El reclamo de los pasivos y sospechas en la contratación
La reestructuración del servicio sanitario profundizó el descontento de los jubilados, retirados y pensionados del sector, un sector que arrastra históricos reclamos administrativos y económicos contra la gestión previsional.
·Aportes en exceso: Los pasivos detallaron que la retención por aportes jubilatorios debería descender del 11% (que abonaban en actividad) al 9% al momento de jubilarse. Sin embargo, denunciaron que el Estado les sigue descontando el porcentaje mayor de manera irregular durante años.
·Plus Patagónico: Reclamaron que no se les liquida el beneficio de zona fría establecido por ley para el sector pasivo en el sur del país, lo que obliga a los afectados a judicializar de forma individual sus haberes para lograr el cobro.
En paralelo, el desembarco de la firma privada en las fuerzas de seguridad sumó suspicacias en el plano político. Informes periodísticos publicados en medios nacionales como Página/12 sembraron dudas sobre la transparencia del proceso de licitación y adjudicación, sugiriendo presuntos direccionamientos e irregularidades administrativas en favor de la prestataria. Hasta el momento de la puesta en marcha del nuevo esquema, la cartera de Seguridad de la Nación optó por mantener el silencio ante los reclamos de los agentes.
