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Tres personas fueron imputadas tras siete allanamientos en Añelo y San Patricio del Chañar. Secuestraron más de 6 kilos de estupefacientes, armas y vehículos. Una de las acusadas movió $174 millones en billeteras virtuales sin tener trabajo registrado.

Una exhaustiva investigación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía de Neuquén permitió desarticular una aceitada organización dedicada al narcomenudeo que operaba en la región de Vaca Muerta. Tres personas fueron imputadas formalmente y quedaron detenidas tras una serie de siete allanamientos simultáneos que culminaron con el secuestro de un importante cargamento de estupefacientes, dinero en efectivo, armas de fuego y vehículos de alta gama.

La acusación formal fue formulada en la Ciudad Judicial por la fiscal del caso, Eugenia Titanti, junto al asistente letrado Luciano Vidal. Los cargos recayeron sobre dos mujeres (identificadas por sus iniciales como S. E. M. y G. M.) y un varón (L. I.), a quienes se les atribuye haber montado un punto de venta y fraccionamiento de drogas en una vivienda de la localidad de Añelo, el cual operaba de manera ininterrumpida.
QR, denuncias anónimas y un búnker inexpugnable

La causa penal tuvo su origen en marzo pasado a partir de alertas comunitarias ingresadas de forma anónima a través del código QR del Poder Judicial y de la aplicación tecnológica "Neuquén te cuida". El posterior trabajo de campo delegada en la división Antinarcóticos de Añelo permitió registrar las dinámicas de la banda.

Según detalló la fiscalía durante la audiencia, los compradores acudían al domicilio de Añelo —donde residían S. E. M. y L. I., quienes poseen un vínculo familiar— durante las 24 horas del día, intensificándose la actividad durante las bandas horarias nocturnas. Los clientes ingresaban a la propiedad, resguardada de la vista pública por un imponente portón perimetral, para concretar los intercambios de cocaína y marihuana de manera veloz.

En los procedimientos ejecutados entre Añelo y San Patricio del Chañar, las fuerzas de seguridad incautaron:

·4,9 kilos de cannabis sativa y 1,3 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza.

·Un arma de fuego calibre 9 milímetros sin la debida autorización legal.

·La suma de $4,2 millones en efectivo, balanzas de precisión, celulares y anotaciones clave sobre los clientes.

·Una camioneta Toyota Hilux (propiedad de S. E. M.) utilizada para el desabastecimiento de la sustancia fuera de la localidad, y un automóvil Peugeot 208 en el que se movilizaba G. M. para brindar soporte logístico y distribución.

Cuentas millonarias bajo la lupa

El dato más llamativo expuesto por los investigadores surgió del análisis de los perfiles financieros de los imputados, lo que expuso la rentabilidad del negocio ilícito en la zona petrolera.

La cifra del lavado: Los informes requeridos sobre las billeteras virtuales de la principal acusada, S. E. M., revelaron ingresos y movimientos por un total aproximado de 174 millones de pesos entre enero de 2025 y marzo de 2026. La maniobra encendió las alarmas judiciales debido a que la mujer no figura registrada en ninguna actividad laboral formal que justifique semejante flujo de capital.

Calificaciones y medidas cautelares estrictas

El Ministerio Público Fiscal encuadró las conductas bajo las figuras de comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, en calidad de coautores, para S. E. M. y L. I. En tanto, la mujer identificada como G. M. fue imputada como partícipe primaria en el delito de comercialización.

Al momento de evaluar los riesgos procesales, el juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló por completo el legajo fiscal y dictó duras restricciones para asegurar el avance del expediente. Dispuso la prisión preventiva por cuatro meses para S. E. M. y L. I., mientras que para G. M. ordenó el beneficio de la prisión domiciliaria por el mismo período. Asimismo, el magistrado trabó un embargo de 10 millones de pesos sobre el patrimonio de cada uno de los involucrados y decretó la clausura cautelar del inmueble utilizado como búnker por un plazo de cuatro meses.