Dylan Ezequiel Pérez, de 23 años, recibió una pena de tres años de cárcel efectiva. El uniformado utilizaba información delictiva para detener a bandas rivales, cobrar sobornos y desviar investigaciones.

El Centro de Justicia Penal fue el escenario de una sentencia que vuelve a poner bajo la lupa la complicidad policial con las organizaciones criminales. El juez Fernando Sosa homologó un juicio abreviado y dictó una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo para el suboficial de la Brigada Motorizada, Dylan Ezequiel Pérez. La resolución judicial incluye, además, una inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse en la función pública y el pago de una multa económica fijada en cuatro millones de pesos.

El acuerdo, alcanzado entre la defensa del uniformado de 23 años y el equipo de fiscales compuesto por Pablo Socca y Karina Bartocci, halló a Pérez culpable de una extensa calificación penal: cohecho pasivo, falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal, omisión de denuncia agravada, privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales y amenazas coactivas.
El origen de la complicidad y el pacto espurio

De acuerdo con las evidencias recabadas por el Ministerio Público de la Acusación, Pérez operaba de forma coordinada con otros tres integrantes de la fuerza: Jesús Soria, Lucila Bellizi y Rodrigo Ramírez. El grupo utilizaba datos provistos por una mujer ligada al narcotráfico en el barrio Parque Casas, pero lejos de usar la información para combatir el delito, la convertían en un mecanismo de extorsión y lucro personal, beneficiando el negocio de su informante en detrimento de sus competidores territoriales.

El entramado delictivo comenzó a gestarse en julio de 2024, luego de que el domicilio de una conocida vendedora de drogas de la zona, identificada como Sandra Álvarez, fuera blanco de una balacera en la calle Castagnino al 1200. La Justicia ordenó una custodia fija en la propiedad, tarea que fue encomendada a la Brigada Motorizada. Allí, el suboficial Soria aprovechó su asignación para entablar un canal de comunicación directo y frecuente con la investigada.
Una detención armada, sobornos y armas desaparecidas

La maniobra central que derivó en la caída del policía ocurrió en noviembre de 2024. El día 18 de ese mes, Álvarez le notificó a los agentes que un sospechoso apodado "Rana" se encontraba comercializando dos armas de fuego con municiones. El suboficial Pérez asumió un rol encubierto falso, fingió ser un comprador interesado y coordinó una entrega en la intersección de las calles Fournier y Antequera.

Cuatro días más tarde, el sospechoso cayó en la emboscada montada por los suboficiales Pérez, Soria, Ramírez y Bellizi, siendo retenido junto a un acompañante. Fue en ese momento donde los policías consumaron las irregularidades graves:

Cobro de coima: Exigieron y recibieron un pago de dos millones de pesos en efectivo para dejar en libertad a "Rana".

Falsificación de actas: Para encubrir la maniobra, solo asentaron la detención del acompañante y notificaron el secuestro de una sola de las dos pistolas incautadas en el lugar. La segunda arma nunca fue ingresada al registro oficial y quedó en poder de los efectivos.

La impunidad del operativo ilegal quedó retratada en las escuchas telefónicas que constan en el expediente judicial. En un mensaje que Soria le envió a la narco que les pasaba información, el policía detallaba con total naturalidad el destino de los sospechosos y su intención de seguir utilizándolos:

“Lo dejé libre. Metí en cana al otro. Igual, nos hicimos amiguitos. A ver si el loco se pone la 10 con nosotros y nos tira alguna data. Ya le dije dónde vive, cómo se llama, qué auto tiene, todo. Por lo menos en pelotudo no se va a poner”.