Un operativo de salvamento que logró poner a resguardo a una adolescente oriunda de la provincia de Salta en la localidad boliviana de Yacuiba, emplazada en la zona fronteriza con Argentina, reavivó el debate sobre los mecanismos que financian y sustentan el delito de explotación sexual transfronteriza.

En una entrevista otorgada al espacio radial Qué Domingo, emitido por la señal Aries, la máxima autoridad de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, enfatizó la necesidad urgente de que las autoridades judiciales extiendan las líneas de investigación penal.

Para la especialista, los expedientes no deben restringirse únicamente a los eslabones dedicados al reclutamiento y traslado de las víctimas, sino que deben avanzar con firmeza sobre los adultos que abonan tarifas para acceder a las menores.

Soria empleó una definición tajante al describir la impunidad que rodea a quienes demandan estos servicios ilícitos, manifestando que los involucrados incurren de forma directa en pagos destinados a consumar abusos contra menores de edad.

Dinámica de las células delictivas y captación digital

La referente social detalló que este entramado criminal opera bajo modalidades donde las jóvenes son trasladadas a diferentes destinos geográficos, sometidas a situaciones de sometimiento y posteriormente restituidas a sus lugares de origen bajo un trato deshumanizante. Por este motivo, remarcó que resulta indispensable desarticular el componente económico que proveen los consumidores del mercado ilegal.

Por otra parte, la titular de la organización civil advirtió que el expediente judicial sigue su curso en territorio boliviano bajo una mirada de análisis fronterizo, dada la cercanía geográfica entre Yacuiba y el límite internacional.

Finalmente, Soria alertó sobre la continua proliferación de perfiles y publicaciones en diversas plataformas digitales y redes sociales orientadas al ofrecimiento de mujeres jóvenes y adolescentes. Esta persistencia evidencia que las organizaciones operan mediante estructuras celulares activas y coordinadas, concluyendo bajo la premisa de que la existencia y reproducción de estas redes delictivas está directamente ligada a la vigencia de un mercado de consumo que las sostiene financieramente.