La Justicia provincial investiga un centenar de incidentes bajo la figura de "amenazas agravadas". El Ministerio de Educación advierte que el accionar policial incluye allanamientos en los domicilios de los involucrados.
Lo que para muchos adolescentes comenzó como una supuesta "broma" digital ha derivado en una crisis de seguridad pública sin precedentes en la provincia. La Fiscalía Penal Juvenil confirmó que, tras un intenso rastreo de actividad en redes sociales, ocho menores ya enfrentan cargos judiciales, mientras se analizan más de 100 denuncias similares registradas en la capital y el interior.
El impacto en el interior y la capital
La problemática no se limita al ejido urbano de Córdoba Capital. Las autoridades judiciales han tomado medidas procesales en diversas localidades, evidenciando un patrón de conducta que se ha extendido por toda la provincia:
·Punilla y Norte: Se registran intervenciones en La Falda, Cosquín, Capilla del Monte, Cruz del Eje y Jesús María.
·Último incidente: Este viernes, el colegio Domingo Savio (barrio Don Bosco) sufrió demoras en el inicio de la jornada escolar tras una nueva intimidación que obligó a activar los protocolos de seguridad.
El fin de la "impunidad" en las redes
Desde el Ministerio de Educación, el director de gestión de proximidad, Cristian Cariddi Ahumada, fue contundente al diferenciar una travesura de un acto delictivo. En declaraciones públicas, el funcionario subrayó que el anonimato en internet es vulnerable y que cada amenaza activa una maquinaria judicial pesada.
“Esto no es un juego. Ante la sospecha de un posible ataque armado, la Justicia ordena allanamientos directos en las viviendas de los alumnos involucrados para verificar la existencia de armas”, advirtió Cariddi Ahumada.
Estrategia de contención y prevención
El Gobierno provincial ha articulado una respuesta conjunta entre las carteras de Seguridad y Educación para frenar la escalada. Los ejes de trabajo incluyen:
Judicialización: Instar a los directivos a denunciar cada episodio sin excepción para sentar precedentes legales.
Concientización interna: Diálogos dentro de las aulas para explicar la gravedad del delito de "amenazas agravadas por anonimato".
Abordaje integral: Fomentar espacios de escucha con padres y especialistas para identificar las causas detrás de estos comportamientos y evitar la saturación de los recursos de emergencia.
Las autoridades insistieron en que, más allá del despliegue policial, la clave reside en que el entorno familiar supervise la actividad digital de los jóvenes, entendiendo que las consecuencias de estos actos pueden dejar antecedentes penales permanentes.
