En un fallo que genera fuertes cuestionamientos legales, el juez Lucas Yancarelli benefició a los directivos de la empresa acusada de no tratar residuos del fracking. Pese a la oposición de la fiscalía y las querellas, se frenó el camino hacia un juicio por jurados que buscaba condenar ganancias millonarias ilegales.
La justicia neuquina se encuentra en el ojo de la tormenta tras una decisión que podría marcar un precedente de impunidad en delitos de guante blanco. El juez Lucas Yancarelli concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) a los directivos de la empresa COMARSA, procesados por una gestión criminal de residuos peligrosos provenientes de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta.
Una investigación que desnudó el "negocio de la contaminación"
La Fiscalía de Delitos Ambientales, bajo la conducción de Maximiliano Breide Obeid, junto a la Asociación de Abogados Ambientalistas y la APDH, habían logrado reconstruir una trama alarmante. Según la investigación:
·Incumplimiento sistémico: La empresa cobró sumas millonarias por tratar residuos que, en realidad, solo acumuló en terrenos ocupados ilegalmente.
·Daño ambiental y social: La acumulación sin tratamiento provocó una grave contaminación del suelo y puso en riesgo directo la salud de los habitantes de las zonas aledañas.
·Lucro cesante delictivo: COMARSA obtuvo ganancias ilícitas al ahorrar costos operativos fundamentales, transformando el desmanejo ambiental en un mercado ilegal de servicios.
El quiebre del sistema acusatorio
Lo que hace al fallo de Yancarelli particularmente polémico es su apartamiento del Código Procesal Penal de Neuquén. El artículo 108 de dicha norma establece que, para conceder una suspensión de juicio a prueba, es obligatoria "la conformidad de la fiscalía".
En este caso, el Ministerio Público Fiscal no solo se opuso de manera fundada, sino que había solicitado elevar la causa a un juicio por jurados, considerando la gravedad del impacto social y económico. Al ignorar esta oposición, el juez se arrogó facultades que —en un sistema acusatorio moderno— competen exclusivamente a los fiscales como directores de la política de persecución penal.
El "hipergarantismo selectivo" bajo la lupa
La decisión judicial ha reavivado el debate sobre la selectividad del sistema penal. Críticos del fallo sostienen que se aplicó un criterio de "hipergarantismo" que rara vez se observa cuando los imputados pertenecen a sectores vulnerables.
El freno al juicio por jurados es visto como un golpe a la transparencia. El jurado popular garantiza que sean ciudadanos independientes quienes evalúen las pruebas, lejos de las presiones corporativas o políticas que pueden permear en los tribunales profesionales. Al impedir este paso, el fallo consolida la sospecha de que, frente a los grandes intereses económicos, la balanza de la justicia tiende a inclinarse.
Un mensaje preocupante para el sector petrolero
Más allá del debate técnico, el caso COMARSA envía un mensaje político al corazón de la industria energética: la posibilidad de que el daño ambiental se convierta en una variable de ajuste de costos "negociable" en los estrados judiciales.
Mientras se espera la revisión por parte de los tribunales de impugnación, el caso queda como un recordatorio de la fragilidad de las instituciones frente a los delitos ambientales complejos. La pregunta que queda flotando en la sociedad neuquina es si la explotación de recursos naturales seguirá permitiendo el enriquecimiento ilegal de unos pocos a costa de la salud de todos.
