El Colegio Estación Limay activó protocolos de emergencia tras la advertencia de un estudiante de segundo año, hijo de la diputada Lorena Villaverde. La justicia ordenó custodia policial permanente en el establecimiento y la intervención de organismos de protección de menores.
La comunidad educativa de Cipolletti se encuentra conmocionada tras la denuncia radicada por las autoridades del nivel secundario del colegio Estación Limay. El incidente, que escaló rápidamente a la esfera judicial, involucra a un alumno menor de edad quien, según testimonios, habría amenazado con perpetrar un ataque armado contra sus compañeros de aula.
Medidas de seguridad y custodia policial
Tras la denuncia formal presentada en la Comisaría Cuarta, la Fiscalía N°1, liderada por la fiscal Eugenia Vallejos, tomó cartas en el asunto de manera inmediata.
Debido a la gravedad de los hechos, se dispuso la presencia de efectivos de la Policía de Río Negro en las inmediaciones del edificio escolar ubicado sobre la calle Ingeniero Krause.
Aunque el implicado es inimputable por su edad, la justicia ha puesto en marcha un dispositivo de contención que incluye a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Mientras se desarrolla el abordaje interdisciplinario, las autoridades confirmaron que el adolescente no asistirá a la institución para garantizar el desarrollo normal de las actividades y la tranquilidad del resto de los estudiantes.
Reclamo de los padres y trasfondo del caso
El hecho cobró una dimensión pública mayor al confirmarse que el joven es hijo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde. Esta conexión ha generado un fuerte impacto en la opinión pública local, mientras un grupo de padres de la institución comenzó a autoconvocarse para exigir garantías de seguridad a largo plazo y una intervención más profunda sobre la convivencia escolar.
Durante la jornada de este viernes, el colegio mantuvo sus puertas abiertas bajo vigilancia, intentando retomar la rutina pedagógica en un clima de evidente incertidumbre. El caso ahora se tramita bajo estrictos protocolos de confidencialidad y protección de menores, mientras los especialistas buscan determinar los factores que desencadenaron la violenta advertencia.
