Lo que comenzó como el hallazgo sin vida de un profesional en su domicilio ha escalado hasta convertirse en una causa penal que pone en jaque los controles de seguridad de la banca hospitalaria porteña. La justicia investiga una red de desvío de anestésicos de alta potencia, presuntamente extraídos del Hospital Italiano de Buenos Aires para ser utilizados en un peligroso circuito de recreación clandestina.

El detonante: El fallecimiento de Alejandro Zalazar

El caso cobró visibilidad con la muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Su cuerpo fue encontrado junto a un arsenal de insumos médicos: bombas de infusión, instrumental clínico y dosis de propofol y fentanilo. La autopsia confirmó que el deceso fue causado por una sobredosis de estas sustancias, las cuales requieren monitoreo constante debido a que inducen una apnea (paro respiratorio) inmediata si no se administran con asistencia mecánica.

El rastro del "Hospital Italiano" y los imputados

La clave del expediente judicial N° 8922/2026 radica en la trazabilidad. Los peritos determinaron que el lote de los medicamentos hallados en la casa de Zalazar pertenecía al inventario del Hospital Italiano. A raíz de esto, la Policía de la Ciudad ejecutó múltiples allanamientos que derivaron en la imputación de dos profesionales:

Hernán Boveri (Médico anestesiólogo): Quien renunció a su cargo tras el estallido del escándalo. Durante las indagatorias de marzo, optó por el silencio.

Delfina Lanusse (Residente de la misma área): En su descargo verbal ante la justicia, intentó posicionarse como una víctima de la situación, alegando contextos personales complejos.

Ambos tienen prohibido salir del país y no pueden mantener contacto entre sí mientras avanza la investigación por hurto o administración fraudulenta, delito que podría acarrear hasta seis años de prisión.

"Fiestas con bombas de infusión": El mito que la justicia investiga

La investigación penal busca validar una serie de testimonios y audios de WhatsApp que circulan en la comunidad médica. Estas comunicaciones describen un escenario perturbador: encuentros privados donde profesionales de la salud utilizaban insumos robados para inducirse estados de inconsciencia controlada.

Según las versiones que analiza la fiscalía, en estas reuniones se utilizaban las bombas de infusión para regular el flujo de anestesia, mientras una persona permanecía "de guardia" con un ambú (resucitador manual) para ventilar a quienes entraban en paro respiratorio por el consumo recreativo.

Audios y mensajes de WhatsApp, también en la mira

En paralelo a las actuaciones formales, en ámbitos médicos comenzaron a circular audios y mensajes de WhatsApp en los que se relatan presuntas prácticas irregulares vinculadas al uso de anestésicos fuera del ámbito asistencial.

Se trata de comunicaciones informales, sin respaldo documental ni confirmación judicial, que describen un contexto de consumo recreativo de propofol y fentanilo entre profesionales de la salud y mencionan la realización de encuentros privados en los que se utilizaban insumos hospitalarios.

En esos audios se escucha, por ejemplo, que “hacían fiestas con bombas de infusión y había una persona encargada de ambucear cuando aparecía la apnea” y que “todo el material que usaban era del hospital”. En otro tramo, uno de los interlocutores afirma que “el fallecido había ido alguna vez a esas reuniones”, aunque aclara que se trata de comentarios que circulan entre colegas. Las versiones descriptas en esas comunicaciones privadas no cuentan, por ahora, con validación administrativa ni judicial y permanecen fuera de los expedientes en curso.

El vacío en la fiscalización de drogas legales

El caso expone un "agujero negro" en el sistema sanitario. Al tratarse de fármacos legales de uso interno y no de venta libre, su sustracción no califica técnicamente como narcotráfico, lo que dificulta la tipificación delictiva tradicional. Sin embargo, la gravedad reside en la vulnerabilidad de la trazabilidad interna de los hospitales.

La respuesta institucional:

El Hospital Italiano confirmó que se constituyó como denunciante y expulsó a los implicados de sus cuadros. Además, en conjunto con la Asociación de Anestesia (AAARBA), han reconocido que este no es un hecho aislado, sino una problemática emergente en diversas instituciones que obliga a una revisión urgente de cómo se resguardan los estupefacientes dentro de los centros de salud para evitar que el material crítico termine en el mercado negro o en manos de la adicción profesional.