En un reciente giro dentro del entramado judicial que investiga fraudes con subsidios estatales en Neuquén, el juez de garantías Luis Giorgetti decidió frenar el intento del Ministerio Público Fiscal (MPF) por congelar el reloj procesal. La fiscalía, preocupada por la inminente llegada de la fecha límite de la causa, buscaba una pausa en los tiempos legales que, finalmente, le fue denegada.

El fantasma de la prescripción
El núcleo del conflicto radica en el calendario. Según los fiscales, la complejidad de la causa —que involucra peritajes contables masivos y múltiples implicados— choca contra una agenda judicial saturada. Con una audiencia clave programada recién para julio, el MPF argumentó que esos meses de espera dejan el proceso al borde del abismo, considerando que el plazo final de la investigación expira en noviembre de 2026.

Para los acusadores, el sistema judicial está operando con una lentitud que ellos no pueden controlar, lo que pone en riesgo que el caso quede impune por el simple paso del tiempo.

Los motivos del rechazo
Sin embargo, el magistrado Giorgetti fue tajante en su resolución al considerar que la petición era "prematura y sin base legal". Los puntos clave de su decisión fueron:

Falta de normativa: No existe una ley específica que permita suspender los plazos bajo las condiciones planteadas por la fiscalía.

Derechos de los imputados: Una pausa en el proceso afectaría directamente a quienes cumplen medidas cautelares, como la prisión domiciliaria, extendiendo su situación de incertidumbre.

Anticipación innecesaria: El juez determinó que no se puede legislar sobre una supuesta caducidad que todavía no ha ocurrido.

Un esquema de corrupción con sentencia previa
Cabe recordar que este expediente no parte de cero. A finales del año pasado, la justicia ya dictó sentencias para doce personas involucradas en las maniobras delictivas realizadas entre 2020 y 2022.

Entre los condenados figuran exfuncionarios de alto rango como Abel Di Luca y Ricardo Soiza, quienes recibieron penas de cinco años de cárcel efectiva. Además de las sanciones de prisión, el tribunal impuso una prohibición de por vida para que los involucrados vuelvan a ocupar cualquier cargo en la administración pública.

Por ahora, la investigación principal deberá continuar su curso bajo las reglas vigentes, sin los "paréntesis" temporales que buscaba el Ministerio Público.