El próximo 2 de abril, el Edificio Centinela será el escenario de un hecho sin precedentes: un "abrazo solidario" convocado de manera conjunta por efectivos de la Gendarmería, Prefectura, Policía Federal, PSA y el Servicio Penitenciario Federal. La movilización expone una fractura profunda entre la narrativa oficial de "cuidar a quienes nos cuidan" y la realidad de una tropa con salarios por debajo de la línea de pobreza y una crisis terminal en su cobertura médica.
La protesta nace de un malestar acumulado que combina factores económicos y de gestión:
·Precarización salarial: Gran parte de los efectivos denuncia que debe recurrir a empleos alternativos (como plataformas de transporte) para cubrir la canasta básica.
·Colapso de la obra social: Tras la liquidación de la antigua Iosfa, la transición hacia las nuevas entidades (OSFFESEG para fuerzas de seguridad y OSFA para militares) se encuentra paralizada, dejando a miles de uniformados prácticamente sin prestaciones médicas.
·Internas en el mando: Se señala que la gestión previa de Patricia Bullrich benefició selectivamente a las cúpulas de Gendarmería, profundizando el resentimiento en los rangos bajos y en el resto de las fuerzas federales.
La figura de Alejandra Monteoliva en la mira
En los despachos de la Casa Rosada crece la desconfianza hacia la ministra de Seguridad. Las críticas se centran en dos frentes:
Falta de "don de mando": Se la califica como una figura académica sin capacidad operativa para conducir a las fuerzas.
Antecedentes críticos: Funcionarios de alto rango recuerdan su paso por el Ministerio de Seguridad de Córdoba en 2013, cuando un acuartelamiento policial derivó en jornadas de caos y saqueos, lo que terminó en su salida del cargo.
Un escenario de tensión política
La crisis de gestión se ve agravada por la interna política entre Monteoliva y su exjefa, la actual senadora Patricia Bullrich. La ministra ha decidido alinearse con Karina Milei, lo que ha generado cortocircuitos en la cadena de mandos, especialmente con el jefe de la Gendarmería, Claudio Brilloni.
A esto se suman decisiones calificadas como "erráticas", como el reciente levantamiento de la custodia federal en 60 sedes de la colectividad judía. Esta medida generó reclamos reservados de la DAIA, especialmente por producirse en el aniversario del atentado a la Embajada de Israel y tras las recientes tensiones diplomáticas con Irán.
Mientras la ministra desmiente la desprotección de los objetivos sensibles, fuentes de las propias fuerzas confirman que los grupos de mensajería interna "están en llamas", anticipando una jornada de alta tensión para el próximo miércoles en Retiro.
