La justicia neuquina clausuró una investigación por narcotráfico al menudeo con la condena de cuatro integrantes de una misma familia, quienes operaban un centro de distribución de estupefacientes en el sector Peumayén.

A través de un acuerdo impulsado por la fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo, se establecieron penas de cumplimiento efectivo y condicional para los involucrados, quienes utilizaban un comercio de fachada para encubrir sus actividades ilícitas.

La organización estaba liderada por Mariana Estela Ortiz Martínez, quien coordinaba las maniobras de venta junto a su hermana y sus dos hijos.

Según la instrucción de la fiscalía de Narcocriminalidad, el grupo simulaba la atención de un kiosco familiar para concretar las transacciones.

El intercambio de sustancias por dinero en efectivo o pagos digitales se realizaba a través de una ventana enrejada que daba a la calle, manteniendo una operatividad que cubría las 24 horas del día.

Durante el período de vigilancia, los investigadores lograron documentar más de 150 transacciones directas con consumidores.

El golpe final a la banda se produjo tras un allanamiento en diciembre pasado, donde las fuerzas de seguridad incautaron casi tres kilogramos de marihuana distribuidos en distintos formatos de fraccionamiento, además de un millón de pesos, divisas extranjeras y herramientas de precisión para el pesaje.

En el registro del domicilio, también se halló un arma de fuego de uso civil en la habitación de uno de los hijos de la líder, quien carecía de los permisos legales correspondientes para su tenencia.

La jueza Natalia Pelosso ratificó las condenas acordadas entre las partes. Ortiz Martínez recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva como autora principal del delito de comercio de estupefacientes. En tanto, sus familiares directos fueron sentenciados a penas de entre dos y dos años y medio de ejecución condicional, bajo estrictas pautas de comportamiento y el pago de multas procesales.

El fallo, que ya se encuentra firme, incluyó además el decomiso de todo el dinero y los elementos electrónicos utilizados para la actividad criminal, desarticulando así un nodo logístico clave en el oeste de la ciudad.