Un hombre de 30 años lucha por su vida en una clínica de Neuquén capital tras una emboscada en una estación de servicio. La justicia puso bajo la lupa a tres jóvenes, entre ellos un agente recién egresado cuya intervención habría sido la "llave" para el inicio de la agresión.

La madrugada del pasado domingo 1 de marzo dejó de ser una jornada habitual en el Norte neuquino para convertirse en el escenario de un intento de homicidio que conmociona a la provincia. Lo que comenzó como un cruce de palabras dentro de la tienda de la estación de servicio YPF, ubicada en la intersección de Bartolomé Mitre y General Paz, derivó en una secuencia de violencia extrema que hoy tiene a la víctima en estado crítico y con pronóstico reservado.

De acuerdo con la reconstrucción efectuada por el fiscal Víctor Salgado y la asistente letrada Romina Travieso, el ataque no fue un simple enfrentamiento, sino una cacería. Tras un altercado inicial en el sector de cafetería, la víctima intentó reingresar al local buscando refugio. Fue en ese instante cuando dos hermanos, identificados como A.C. e I.C., iniciaron una persecución que culminó en la puerta del comercio.

La fiscalía sostiene que los agresores actuaron bajo la modalidad de alevosía. Mientras el hombre de 30 años intentaba resguardarse, A.C. le asestó un impacto seco y certero en la parte posterior del cráneo utilizando una botella de vidrio. El golpe lo dejó instantáneamente indefenso. Ya en el suelo e inconsciente, lejos de detenerse, los hermanos continuaron aplicándole patadas en la cabeza, provocándole fracturas de cráneo y lesiones que obligaron a su traslado urgente de alta complejidad hacia la capital provincial.

El dato que añade una gravedad institucional al caso es la participación de L.D., un joven que se incorporó a las filas de la Policía de Neuquén apenas en diciembre de 2025. Aunque la instrucción penal aclara que el agente no propinó los golpes físicos, su rol es considerado "primario" por el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Según la teoría acusatoria, L.D. habría sido el encargado de realizar la inteligencia previa: mediante un llamado telefónico y el señalamiento directo de la víctima, permitió que el agresor principal (A.C.) localizara el objetivo y ejecutara el ataque. Para la fiscalía, sin esa "marcación", la agresión no se habría producido con tal precisión.

El debate judicial: ¿Función pública o acto privado?

Durante la audiencia de formulación de cargos, surgió una discrepancia técnica entre la fiscalía y el juez de garantías, Ignacio Pombo. Mientras el MPF solicitó prisión preventiva para los tres involucrados basándose en el riesgo procesal y la gravedad del hecho, el magistrado optó por un criterio diferenciado:

·A.C. (Agresor principal): Recibió 10 días de prisión preventiva efectiva.

·I.C. (Coautor): Quedó bajo arresto domiciliario por el mismo periodo.

·L.D. (Policía): El juez modificó su calificación a "partícipe secundario" y le otorgó la libertad ambulatoria. Solo se le impuso la prohibición de acercamiento a los otros imputados y la obligación de presentarse diariamente ante la justicia.

La defensa del agente y la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) juegan un papel clave aquí: al estar el policía de licencia, sin uniforme y sin utilizar su arma reglamentaria, se debate si su conducta debe juzgarse como la de un funcionario público o como un ciudadano común. No obstante, fuentes judiciales advierten que su formación profesional lo obligaba a intervenir para evitar el delito, no para facilitarlo, lo que podría derivar en una inminente exoneración si se confirma su responsabilidad.