Una investigación por delitos económicos puso al descubierto una organización criminal que operaba en diferentes puntos del país, dedicada a la comercialización de postítulos y diplomaturas apócrifas. La maniobra, que incluía ramificaciones desde el norte provincial hasta Bariloche, permitía a trabajadores de la educación escalar ilegalmente en el orden de mérito.
El operativo y las detenciones
Bajo las órdenes de la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, se realizaron cuatro allanamientos en las localidades de Coronel Mollinedo, El Tala, El Galpón y Embarcación. Como resultado, dos mujeres fueron detenidas y se secuestró documentación clave para la causa.
La investigación arrojó datos alarmantes sobre el alcance del fraude:
·Docentes beneficiados: Se confirmó que 53 agentes mejoraron su posición en los listados y 9 lograron acceder a horas cátedra mediante estos certificados falsos.
·Auditoría masiva: De 292 escuelas analizadas, se detectaron irregularidades en 291 inscripciones, involucrando a un total de 237 docentes.
·Costo del fraude: Los docentes pagaban sumas de entre $95.000 y $360.000 por documentos en PDF que imitaban sellos y firmas de instituciones reales.
Cómo funcionaba la "fábrica de títulos"
La banda captaba a sus clientes a través de perfiles de Facebook como "Cursos Educar". El esquema contaba con tres roles definidos:
1.Nexo Sur: Una docente y preceptora de Joaquín V. González que operaba bajo el alias "Prof. Vende Diplomaturas", encargada de la captación y cobros.
2.Soporte Norte: Una mujer en Embarcación que utilizaba el nombre falso "Ana Guzmán" para dar una apariencia técnica y legítima a las consultas.
3.Administrador Digital: Un hombre radicado en San Carlos de Bariloche, señalado como el destinatario final de gran parte del dinero recaudado.
Gravedad institucional
La denuncia inicial fue radicada por el Ministerio de Educación en diciembre de 2025, tras detectar que los números de registro de los certificados no existían en las bases oficiales. Según las pruebas obtenidas de chats de WhatsApp, los docentes involucrados tenían pleno conocimiento de la maniobra, admitiendo que compraban el puntaje sin realizar cursados ni evaluaciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos Complejos continúa con las pericias para determinar el alcance total de los certificados denunciados que aún restan analizar.
