Lo que comenzó como un reclamo salarial frente a la Jefatura de la Unidad Regional II en Rosario, terminó convirtiéndose en una crisis institucional que obligó al Gobierno de Santa Fe a dar marcha atrás con sus medidas más severas. Este miércoles, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó un giro en la estrategia oficial: se levantarán las sanciones de disponibilidad para los agentes que participaron de las protestas.
El detonante: Una tragedia en la puerta de la Jefatura
El malestar que hoy desborda las calles tiene una raíz profundamente dolorosa. El pasado miércoles, el suicidio del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, frente a la sede policial, actuó como el catalizador de una furia contenida. Valdez era oriundo de Vera, en el norte santafesino, un dato que no es menor: la estadística de la Fiscalía de Rosario revela que, solo en 2025, 17 efectivos se quitaron la vida en esa localidad.
Este fenómeno pone de relieve el drama del desarraigo:
La mayoría de los agentes que patrullan Rosario provienen del norte de la provincia.
El viaje de regreso a sus hogares puede demandar más de ocho horas, consumiendo casi la mitad de sus descansos.
Hasta hace apenas una semana, los propios policías debían costearse el alojamiento y la comida en Rosario mientras cumplían sus guardias.
La oferta del Gobierno: Salarios y Salud Mental
Tras una madrugada de negociaciones tensas y un clima de violencia que incluyó empujones y agresiones al jefe de la Policía, Luis Maldonado, el gabinete de Maximiliano Pullaro presentó una propuesta para desactivar el conflicto:
El ingreso de los agentes de menor jerarquía y sin antigüedad se ajustará para no ser inferior a la canasta básica.
Los agentes pasados a disponibilidad podrán reintegrarse al servicio tras retirar su arma y chaleco, sin enfrentar las medidas administrativas previas.
El ministro Cococcioni prometió una readecuación del régimen horario (actualmente de 12x36) y el fortalecimiento de programas específicos de salud mental para evitar nuevos casos como el de Valdez.
Tensión persistente
A pesar de los anuncios de un plus salarial (de hasta $500.000 en ciudades principales), el ánimo en la Jefatura sigue caldeado. Los efectivos exigen que los aumentos se incorporen al sueldo básico y no queden como bonos temporales.
"El reclamo es correcto y atendible", reconoció Cococcioni, admitiendo que la sociedad debe comprender la necesidad de un "esfuerzo diferenciado" para compensar a quienes garantizan la seguridad en una provincia marcada por la violencia.
