Un brutal episodio de violencia juvenil sacude a la zona suroeste de Rosario. Dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron imputados este lunes tras ser acusados de privar de la libertad y golpear ferozmente a un niño de 13 años. El ataque, que incluyó torturas físicas y amenazas de muerte, tuvo lugar en una vivienda de la calle Vera Mujica al 2700.

Crónica del ataque: Horas de terror

Según la reconstrucción fiscal basada en el testimonio de la víctima, el hecho comenzó en la madrugada del pasado viernes. El niño fue abordado por los agresores, identificados como F. A. y J. R., quienes lo trasladaron por la fuerza hasta un domicilio cercano.

Una vez en el interior de la propiedad, el menor fue sometido a un trato degradante. Fue atado de pies y manos a una silla utilizando un cinto y cables.

Recibió múltiples impactos en el rostro, las costillas y diferentes partes del cuerpo. Durante el tiempo que permaneció cautivo, fue amenazado de muerte de forma constante.

Tras varias horas de cautiverio, los agresores lo liberaron. Sin embargo, el shock y el temor provocaron que la víctima guardara silencio hasta el sábado, cuando finalmente se quebró ante una persona allegada y fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica.

Acción judicial y detención

La captura de los sospechosos fue posible gracias al operativo del Comando Radioeléctrico, que logró dar con los adolescentes en las inmediaciones de Vera Mujica y Garay. La detención se facilitó gracias a las descripciones precisas sobre su vestimenta y características físicas aportadas tras la denuncia.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, el fiscal Carlos Álvarez presentó cargos formales contra los jóvenes por:

1.Privación ilegítima de la libertad agravada.

2.Lesiones dolosas leves.

3.Amenazas coactivas.

Resolución del juez

A pesar de la corta edad de los imputados, la gravedad del hecho y la vulnerabilidad de la víctima llevaron al juez Estanislao Surraco a dictar la prisión preventiva efectiva para ambos. Por el momento, la medida rige hasta el 23 de febrero, mientras la fiscalía intenta determinar el móvil del ataque, que hasta ahora permanece bajo un hermético silencio.

Este caso vuelve a poner bajo la lupa la violencia extrema en sectores vulnerables de la ciudad y la participación de menores en delitos de alta complejidad.