Tras un pedido de la querella y con el aval de la fiscalía provincial, el juez Lucas Yancarelli se declaró incompetente. El caso de la joven desaparecida en julio pasa a ser un delito federal debido a la extrema vulnerabilidad de la víctima.
Por Redacción Institucional
La búsqueda de Luciana Muñoz Aguerre, la joven de 21 años desaparecida desde el pasado 13 de julio en el barrio Gran Neuquén Norte, ha entrado en una nueva fase jurídica.
Esta semana, el juez de garantías Lucas Yancarelli resolvió remitir el legajo completo a la Justicia Federal, aceptando el planteo de que la joven podría haber caído en una red de trata de personas.
La decisión se tomó tras el pedido del abogado de la familia de Luciana y contó con la adhesión del Ministerio Público Fiscal de Neuquén. Según se argumentó en la audiencia, existen elementos que permiten sospechar que el destino de la joven está ligado a un delito federal, lo que desplaza la competencia de la justicia ordinaria de la provincia.
Factores de vulnerabilidad y riesgo
La resolución judicial puso especial énfasis en el contexto que rodeaba a Luciana al momento de su desaparición. La fiscalía neuquina señaló que la joven atravesaba una situación de "especial vulnerabilidad", marcada por:
Contexto de pobreza.
Consumo problemático de estupefacientes.
Situación de prostitución.
Estos factores, según los investigadores, la convirtieron en un blanco ideal para organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas, lo que justifica que el fuero federal tome las riendas de la pesquisa y revise todas las medidas tomadas hasta la fecha.
Una expareja a juicio por falso testimonio
A pesar de los meses de búsqueda, la única persona vinculada judicialmente al caso es Maximiliano Avilés, expareja de Luciana. Avilés será llevado a juicio acusado de falso testimonio.
El imputado aseguró bajo declaración no haber visto a Luciana durante un mes y medio previo a su desaparición; sin embargo, testimonios y pericias tecnológicas lo ubican junto a ella el mismo día en que se perdió su rastro. La justicia cree que Avilés mintió deliberadamente para entorpecer la investigación, lo que le valió su detención 46 días después de iniciado el caso.
Búsqueda nacional y recompensa
Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, ya había nacionalizado la búsqueda en octubre, ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para quien aporte datos fehacientes. Con la publicación en el Boletín Oficial y la intervención de la Policía Federal, la imagen de Luciana ya circula en todo el país.
Ahora, la fiscalía federal deberá analizar el expediente acumulado y decidir el nuevo rumbo de la investigación para dar con el paradero de la joven o, al menos, lograr el esclarecimiento de lo ocurrido aquel mediodía del 13 de julio.
