En un fallo que subraya la magnitud de una organización criminal dedicada a la explotación infantil, el juez federal de Garantías, Julio Bavio, autorizó la extensión de los plazos de instrucción hasta el 29 de mayo de 2026. El caso, que comenzó con la denuncia de una madre y el hallazgo de mensajes en un teléfono celular, ha revelado una trama de perversidad que captaba alumnas de establecimientos educativos secundarios, tanto públicos como privados.

Un crecimiento alarmante: de 3 a 33 víctimas

Lo que inicialmente parecía un caso aislado ha escalado a niveles sistémicos. Según el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar Roxana Gual, el número de víctimas identificadas ascendió de 3 a 33 en pocos meses, y se sospecha que la cifra seguirá creciendo.

La organización operaba bajo una lógica de "descarte": los imputados buscaban específicamente menores de edad y, según consta en la investigación, perdían interés en las adolescentes una vez que estas cumplían los 18 años. La red no solo se encargaba de la captación, sino que instaba a las propias víctimas a reclutar a sus compañeras de colegio, extendiendo el círculo de explotación a través de diversas clases sociales y barrios.

El perfil de los imputados y las nuevas acusaciones

Actualmente, hay nueve detenidos bajo la lupa de la Justicia Federal. Las imputaciones son severas y variadas:

• Trata de personas agravada: La mayoría de los detenidos están acusados de captación, promoción y explotación sexual, con el agravante de la minoridad y la vulnerabilidad de las víctimas.
• Asociación ilícita: Cinco de los implicados son investigados como miembros de una organización jerarquizada.
• Delitos conexos: Se han sumado cargos por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal en casos específicos.

La fiscalía destacó que los acusados imponían condiciones crueles, exigiendo vestuarios específicos, prácticas violentas y, en varios casos, forzando a las menores al consumo de un "cóctel de drogas" para someterlas.

Evidencias clave: Celulares, transferencias y Cámara Gesell

La prórroga del plazo investigativo se fundamenta en la enorme cantidad de material probatorio que aún resta procesar. El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encuentra peritando dispositivos electrónicos donde se han hallado registros de transferencias bancarias y mensajes que confirman los lugares de explotación, que incluían hoteles alojamientos sobre la ruta 26 y domicilios particulares.

Un pilar fundamental para el avance de la causa ha sido el trabajo del Área de Víctimas y la realización de las Cámaras Gesell. A través de estos testimonios, las adolescentes han podido relatar no solo el funcionamiento de la red, sino también las amenazas que recibieron por parte de los acusados antes de sus detenciones para asegurar su silencio.

El origen de la investigación

La caída de esta red comenzó gracias a la intervención de una madre que descubrió mensajes de índole sexual en el teléfono de alta gama de su hija. La sospecha inicial recayó sobre un remisero, señalado como el fundador de la red, quien coordinaba los "servicios" y recibía pagos por la logística de los encuentros. Aunque la causa se inició en el fuero provincial, la complejidad del delito y la existencia de una organización criminal transigieron la competencia al fuero federal, con la colaboración de la PROTEX.