La justicia neuquina ha formalizado los cargos contra un hombre, identificado bajo las iniciales E.D.S., tras un brutal asalto y ataque incendiario ocurrido durante la mañana de Navidad en el sector de Colonia Rural Nueva Esperanza. El imputado es acusado de intentar asesinar al cuidador de una propiedad tras una irrupción violenta.
La mecánica del ataque
Según la instrucción dirigida por el fiscal Andrés Azar, el suceso tuvo lugar el pasado 25 de diciembre entre las 7:00 y las 9:45 horas. El acusado, quien se encontraba acompañado por una menor de edad y una tercera persona en proceso de identificación, ingresó por la fuerza a la vivienda.
La reconstrucción de los hechos detalla una secuencia de extrema violencia:
1.Agresión inicial: La víctima recibió un impacto en la zona frontal del cráneo con un caño de gas.
2.Uso de acelerantes: El atacante roció tanto al cuidador como a la estructura del inmueble con un líquido inflamable.
3.Foco ígneo: El agresor inició el incendio y escapó del lugar, dejando a la víctima atrapada entre las llamas.
El damnificado logró sobrevivir al huir del incendio, aunque debió ser trasladado de urgencia al Hospital Heller y posteriormente derivado al Hospital Castro Rendón, donde fue sometido a una cirugía por quemaduras de gravedad en sus extremidades inferiores.
Tipificación penal y medidas cautelares
El Ministerio Público Fiscal ha encuadrado el hecho como homicidio simple en grado de tentativa, con el agravante de la participación de una menor de edad.
Dada la necesidad de proteger la integridad del testigo y evitar el entorpecimiento de la causa, el juez de garantías Juan Guaita dictó las siguientes disposiciones:
·Prisión domiciliaria: Se estableció un plazo de cuatro meses de detención bajo esta modalidad.
·Monitoreo electrónico: El acusado deberá utilizar una tobillera para el rastreo de su ubicación.
·Vigilancia activa: Hasta que se concrete la colocación del dispositivo, la Policía provincial realizará rondines sorpresa en el domicilio del imputado.
·Restricción de contacto: Prohibición absoluta de comunicación con la víctima por cualquier vía, incluyendo redes sociales.
La fiscalía dispone ahora de un periodo de cuatro meses para finalizar la etapa de recolección de pruebas y elevar la causa a juicio.
