Lo que debía ser el cierre soñado para los alumnos de un colegio armenio en el barrio Pueyrredón dee Córdoba se transformó en una pesadilla logística y financiera a pocas horas del evento. Una madre del curso, encargada de administrar los fondos, informó la desaparición de 11 millones de pesos, alegando un presunto robo que nunca fue denunciado ni probado, lo que desató una acción judicial inmediata por parte del resto de las familias.

El "robo" que nadie creyó
La alarma saltó apenas tres días antes de la gala. Según relataron los padres damnificados, la mujer —que gozaba de la confianza del grupo desde el jardín de infantes— comunicó el miércoles que el dinero de las tarjetas del salón ya no estaba en su poder.
·Falta de pruebas: A pesar de la gravedad del supuesto asalto, la acusada no presentó denuncia policial ni grabaciones de cámaras de seguridad que respaldaran su versión.
·Deuda real: Al consultar con el salón de fiestas, los padres descubrieron que, de las 166 tarjetas que creían pagas, solo se habían abonado las de los 28 egresados. El resto del dinero, recaudado desde abril de 2024, nunca llegó a destino.
Una carrera contra el reloj
Ante la inminente cancelación del evento programado para el sábado, la comunidad educativa inició una cruzada solidaria sin precedentes. En solo 48 horas, los padres y la colectividad armenia organizaron:
1.Ventas de emergencia: Elaboración y venta de empanadas y rifas.
2.Donaciones: Una cadena de transferencias solidarias de familias que aportaron dinero extra para cubrir el agujero financiero.
3.Flexibilidad del salón: Los dueños del complejo brindaron alternativas para que el festejo no se suspendiera.
"Tuvimos que pagar casi tres fiestas para poder concretar una", explicaron los padres, resaltando que la hija de la mujer señalada asistió al evento, aunque su madre no se hizo presente.
El camino a la Justicia
Tras lograr realizar la fiesta gracias al esfuerzo colectivo, los damnificados formalizaron la denuncia penal este viernes. El objetivo de la comunidad es lograr una reparación económica y que la Justicia determine el destino final de los 11 millones de pesos.
Este caso se suma a una reciente tendencia de estafas en organizaciones de egresados, similar a un hecho ocurrido semanas atrás en la provincia de Misiones, poniendo en alerta a los grupos de padres sobre la necesidad de mayores controles en el manejo de fondos compartidos.