El operativo se realizó en el barrio Solares V de San Juan Capital. La acusada, Ayelén Castillo, habría exigido dinero a la víctima, de 18 años, bajo la amenaza de revelar material privado intercambiado en redes sociales.
Una investigación impulsada por la UFI Delitos Informáticos y Estafas dio un paso fundamental este martes con la detención de una mujer acusada de extorsionar a un joven de 18 años. El caso, que ha tomado trascendencia nacional, pone el foco en la modalidad delictiva del chantaje a través de medios digitales.
La aprehensión de Ayelén Castillo, una mujer trans vinculada al ambiente nocturno local, se produjo tras un allanamiento en una vivienda de la zona de Trinidad. El procedimiento fue solicitado por el fiscal Pablo Martín y el ayudante fiscal Federico Pereyra, luego de que la víctima radicara la denuncia semanas atrás.
Del contacto en redes al chantaje
Según consta en el expediente, el vínculo entre ambos se inició años atrás mediante redes sociales, cuando el denunciante todavía era menor de edad. Tras un intercambio frecuente de mensajes y fotografías privadas, el joven decidió interrumpir el contacto al descubrir detalles sobre la identidad de Castillo que desconocía.
A partir de esa ruptura, el relato fiscal indica que la situación se tornó violenta:
Hostigamiento: El joven comenzó a recibir mensajes insistentes y amenazas de carácter constante.
Exigencia económica: Se le habría solicitado dinero en efectivo como condición para no publicar el material íntimo.
Posible agravante: Si bien inicialmente se evaluó la figura de grooming por la edad de la víctima al inicio del contacto, la causa se encuadró finalmente como chantaje debido a la extorsión económica prolongada.
Marco legal y repercusión
La justicia investiga el hecho bajo el artículo 169 del Código Penal, el cual tipifica el chantaje como una forma de extorsión que utiliza amenazas contra el honor o la revelación de secretos. Este delito contempla penas que van de los tres a los ocho años de prisión.
Actualmente, los peritos analizan el material digital incautado y los registros de mensajes para determinar el alcance total de las maniobras delictivas. Fuentes judiciales destacaron que el caso ha resonado en todo el país debido al incremento de este tipo de extorsiones basadas en contenidos íntimos captados por internet.
