En el marco de una investigación que comenzó en abril pasado por venta de drogas en San Patricio del Chañar y en la que ya se habían formulado cargos, la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega solicitaron nueve allanamientos y verificaron la continuidad del comercio de estupefacientes, como así también la participación de otras personas.

Durante una audiencia realizada el sábado en dos etapas, en primer lugar imputaron a dos mujeres, C.E.R. y G.A.V, por haber vendido drogas en su vivienda. En el procedimiento realizado se encontraron envoltorios con pequeñas cantidades de cocaína, 42 gramos de semillas de marihuana, tres balanzas de precisión y recortes de nylon. Estas dos mujeres fueron acusadas por el delito de comercialización de estupefacientes y, mientras avanza la causa, deberán cumplir con comparendos ante la comisaría local.

La segunda parte de la audiencia se desarrolló a continuación e incluyó a personas vinculadas con un allanamiento previo, realizado el 3 de junio, y en el que ya se habían realizado tres formulaciones de cargos. La investigación continuó y, tal como informó la fiscal Moreira durante la audiencia realizada hoy, se logró discriminar la conducta de otras personas, entre ellas, las dueñas de la vivienda, que en el primer operativo no se encontraban en el lugar.

Sólo contado

Moreira le atribuyó a S.C.R, A.R, M.N.P.R y a K.G.S, que al menos entre el 20 de abril de 2025 y el 25 de Julio de 2025, comercializaron estupefacientes desde distintos puntos de ventas en la localidad de San Patricio del Chañar. La fiscal precisó que a raíz de las primeras tres acusaciones, estas cuatro personas continuaron con la comercialización, pero modificaron la metodología: dejaron de cobrar por billeteras electrónicas y comenzaron a realizar sólo operaciones en efectivo, incorporaron la modalidad de reparto a domicilio y mudaron el lugar de acopio.

Al inicio del proceso se imputó a tres personas (C.M.D, J.G.A y D.A.F), quienes quedaron sujetas al proceso con distintas medidas cautelares vigentes. “Al continuar con la investigación se identificó que S.C.R, A.R, M.N.P.R y K.G.S continuaron con la comercialización de estupefacientes”, explicó Moreira, y precisó los cambios en el sistema de venta.

Con nuevos allanamientos realizados ayer en viviendas vinculadas con las personas acusadas se encontraron, en un caso, envoltorios con pequeñas cantidades de cocaína y marihuana, balanzas y recortes de nylon; y en otro, 588 gramos de marihuana y 607 gramos de cocaína compactada, además de sustancias de estiramiento, dos balanzas de precisión y retazos de nylon y dinero en efectivo por $9.604.000.

En total, fueron 9 los procedimientos realizados ayer, con más personas vinculadas con el caso pero que aún no fueron imputadas. También se secuestraron más dinero, drogas y 3 vehículos.

Roles

La fiscal describió luego los roles de los y las acusadas entre ambas audiencias: sostuvo que S.C.R, junto al anteriormente imputado D.A.F, tendrían un rol principal en la organización, siendo los dueños de la casa principal y participes en la asignación de tareas. Luego estarían M.N.P.R, A.R y K.G.S, quienes se encargaban de la comercialización, acopio y cobros. Los restantes J.A y M.C.D, que fueron acusados en la audiencia anterior, tendrían un rol de vigilancia, el primero, y de vendedora en un punto de comercialización, la segunda.

Tras describir los hechos y establecer los vínculos, Moreira encuadró la acusación contra S.C.R, A.R, M.N.P.R y K.G.S el delito de comercialización de estupefacientes, agravado por la participación de más de dos personas (artículo 5, inciso “c”; 11, inciso “c”; y 34 de la Ley 23.737, reformado por el artículo 2 de la Ley 26.052; y artículo 77 del Código Penal, decretos 635/24; todo en función del artículo 1 de la Ley 3.488).

Prisión preventiva

Tras formular los cargos, Moreira y Jávega explicaron que la continuidad de la actividad de venta, a pesar de las primeras acusaciones y luego de los allanamientos realizados en junio, conforman motivos de entorpecimiento de la investigación. Un ejemplo son las precauciones adoptadas al momento de continuar con la comercialización. Por esa razón, y ante la solidez de la imputación y de la investigación, solicitaron que las cuatro personas imputadas cumplan prisión preventiva por 4 meses.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Luis Giorgetti hizo lugar a las acusaciones y fijó las medidas de coerción tal como las solicitó la fiscalía.