El fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez, junto a las asistentes letradas de la fiscalía de Delitos Económicos Agustina Jara y Fernanda Sabatini, formularon cargos hoy a tres referentes de una cooperativa, D.A.M; S.E.B y L.L.V, por haber defraudado al Estado en un total de $1.341.400.640. Les atribuyeron haber buscado un beneficio personal en la administración de fondos que debían destinarse a programas de capacitación.
A otros tres integrantes de la organización, M.G.S, B.R.V.N y F.G.S, les imputaron haber prestado colaboración para que los primeros lograran su objetivo.
Durante la presentación de las imputaciones, Vignaroli explicó que debido a un plazo impuesto por un juez, la fiscalía debió dividir la formulación de cargos para llegar en tiempo y forma; y anticipó que en el corto plazo se acusará a los funcionarios del Estado provincial que tuvieron participación en los hechos.
Viento Sur
La investigación comprende a la cooperativa Viento Sur, que en agosto de 2022 fue beneficiada con la creación de un programa mediante el cual el Estado provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, comprometía desembolsos mensuales que debían destinarse a la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales.
El programa se creó mediante decreto 1672/2022 el 18 de agosto de ese año y, mediante sucesivas adendas, se prorrogó periódicamente hasta diciembre de 2023.
De acuerdo con un convenio específico, se indicó que “los fondos asignados debían ser utilizados por las organizaciones de la sociedad civil para capacitar a sus integrantes en herramientas para su inserción laboral o en la economía social, debiendo presentarse una rendición detallada de las acciones implementadas”. Así, afirmó Vignaroli, “los imputados y las imputadas tenían la facultad de administrar el dinero público dado como aporte no reintegrable en el marco del programa”.
La investigación desarrollada por el equipo de la fiscalía de Delitos Económicos permitió verificar que el dinero no fue destinado a los fines dispuestos por el programa, habiéndose detectado que fue gastado de la siguiente manera:
1-Se destinaron $1.093.164.103,42 al pago de sueldos (10.220 transferencias).
2-Pagos a proveedores y servicios: $180.202.949.
3-Inversiones en Plazos Fijos: $179.027.945 (con una ganancia por intereses de $40.335.404).
4-Compra de bienes e inmuebles: $23.160.756.
*Terrenos (uno en San Martín de los Andes, otro en Junín de los Andes, otro en Cutral Co y otro en la Meseta, en Neuquén capital).
*Camioneta Renault Kangoo 2015.
*Camión Ford F-250.
*Camioneta DFSK C32.
“Surge de lo expuesto que el dinero no fue destinado a los fines dispuestos por el programa creado mediante el decreto 1672/22”, concluyó Vignaroli, quien le atribuyó a los seis integrantes de Viento Sur distintas conductas para concretar la defraudación.
El fiscal jefe imputó a D.A.M “haber pergeñado toda la maniobra defraudatoria, con el fin de beneficiarse con el dinero sustraído, en su rol de referente de la organización social FOL (que había participado activamente de las manifestaciones públicas desarrolladas en agosto de 2022 y que derivaron en la creación del programa destinado al financiamiento de capacitaciones laborales). Fue D.A.M, sostuvo Vignaroli, quien “dio directivas a las autoridades de la Cooperativa Viento Sur para que el dinero proveniente del programa se gastara de la forma detallada”.
A S.E.B le atribuyó haber llevado adelante la maniobra dirigida por D.AM y, como tesorera de la Cooperativa Viento Sur y apoderada de la cuenta corriente, “realizó 4.156 transferencias, por un monto superior a los $553.000.000, constituyó los plazos fijos y administró el dinero”.
Una conducta similar se le imputó a L.L.V, “en su rol de vocal de la cooperativa primero; luego como secretaria y presidenta de la misma y, finalmente, como apoderada de cuenta, “realizó 154 transferencias por un monto aproximado de $32.000.000, constituyó los plazos fijos y administró fondos”.
En tanto, a M.G.S; R.V.B.N y F.G.S, la fiscalía les atribuyó haber colaborado con la maniobra, prestando su cuenta bancaria para que las otras tres personas imputadas les transfirieran dinero del programa de capacitaciones.
El fiscal jefe encuadró las imputaciones y los hechos en los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (artículo 173, inciso 7, del Código Penal; en función del artículo 174 inciso 5) en calidad de coautores a D.A.M; S.E.B y L.L.V; y en calidad de partícipes necesarios a M.G.S, B.R.V.N y F.G.S (artículos 45, 46 y 48 del Código Penal).
Caso complejo y embargos
Luego, el fiscal del caso Narvaez solicitó al juez Raúl Aufranc la declaración de investigación compleja y pidió un año para realizarla. Argumentó el pedido en la multiplicidad de imputados y de maniobras desplegadas y en la cantidad de información que se debe procesar, entre otros aspectos.
La asistente letrada Sabatini presentó la evidencia y la información que sustenta la formulación de cargos, mientras que Jara requirió al magistrado que dirigió la audiencia que imponga, como medida cautelar, el embargo de bienes y cuentas a nombre de la cooperativa, como así también la inhibición general de bienes de los y las imputadas.
Tras escuchar a las partes, el juez Aufranc tuvo por formulados los cargos y, tras convalidar el planteo para considerar el caso como una investigación compleja, fijó el plazo para desarrollarla en 1 año. Además, hizo lugar a las medidas cautelares y dispuso las inhibiciones y embargos solicitados por 6 meses.
