La recesión y el desarme de las regulaciones de consumo que introdujo el DNU 70/2023 empiezan a trasladarse a los tribunales. Tarjeta Naranja lideró una presentación conjunta de decenas de causas en una sola jornada. El promedio de las deudas reclamadas ronda los 6 millones de pesos.

El persistentemente complejo escenario de los ingresos familiares y el encarecimiento del costo del financiamiento privado están encontrando su correlato definitivo en los pasillos de la Justicia de la Nación. Entidades bancarias y plataformas tecnológicas del ecosistema fintech comenzaron a activar mecanismos de judicialización a gran escala para reclamar saldos impagos de tarjetas de crédito y préstamos personales, acompañando las demandas con pedidos urgentes de embargo sobre los haberes de los usuarios.

Un relevamiento de las causas radicadas en el Fuero Civil y Comercial expuso la velocidad de esta dinámica. Como muestra de la tendencia, la firma Tarjeta Naranja S.A.U. formalizó 36 demandas ejecutivas en un único día con el objeto de percibir resúmenes vencidos e intereses punitorios acumulados. La auditoría de esos expedientes de prueba revela que el quiebre en la cadena de pagos de los clientes se concentró con fuerza durante la segunda mitad de 2025, afectando incluso a cuentas con más de una década de comportamiento crediticio impecable y a un número significativo de empleados del sector público.

El perfil del deudor urbano y las alertas del BCRA

Los consumos que originaron los litigios judiciales no responden a gastos suntuarios o de lujo, sino al financiamiento de necesidades de la vida cotidiana. Los resúmenes presentados como prueba documental ante los magistrados detallan deudas acumuladas principalmente en cadenas de supermercados, farmacias, cargas de combustible en estaciones de servicio, abonos de plataformas de streaming y aplicaciones de transporte o delivery.

Dentro de este universo de carpetas judicializadas, las obligaciones en mora promedian los 5,9 millones de pesos, registrándose picos técnicos que alcanzan los 13 millones de pesos en los créditos más onerosos.

Este salto de las deudas del sector privado hacia los tribunales coincide con el empeoramiento de las variables macroeconómicas que releva de forma mensual la autoridad monetaria. Un reporte de la consultora privada 1816, basado en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), detalló que las deudas con atrasos de al menos 90 días en la banca tradicional subieron del 11,5% en marzo al 12% en abril. El panorama se vuelve sustancialmente más adverso en el segmento de las plataformas fintech digitales, donde la morosidad saltó del 30,7% al 31,5% en el mismo período.

Alerta del ecosistema digital: El nivel de irregularidad en los pagos dentro de las billeteras virtuales —como Mercado Pago— triplica actualmente al de la banca convencional, reflejando el fuerte impacto de la crisis en los sectores informales o de menores recursos que acceden al financiamiento inmediato a "un solo clic".

El impacto del DNU 70/2023 bajo la lupa legal

Diversos especialistas del derecho y agrupaciones de defensa del consumidor coinciden en que la crisis salarial explica solo una parte del fenómeno. El factor determinante para la multiplicación de los montos reclamados radica en el Capítulo II del DNU 70/2023 dictado por el Poder Ejecutivo, el cual desreguló de raíz la Ley de Tarjetas de Crédito. La normativa derogó el tope del 50% que limitaba la tasa de interés compensatorio sobre los saldos financiados, quitó las sanciones del BCRA para las firmas que omitan informar sus costos y eliminó la obligatoriedad de exhibir de manera destacada el Costo Financiero Total (CFT).

Para Gerónimo Rossi, referente de la Asociación Civil Usuarios Bancarios Argentinos (Acuba), el decreto de necesidad y urgencia otorgó una absoluta libertad de acción al sector financiero, desprotegiendo los derechos elementales de los usuarios. "Borraron con el codo los mecanismos que permitían impugnar judicialmente los intereses usurarios o las cláusulas abusivas", apuntó.

En la misma sintonía, abogados especialistas en endeudamiento familiar advierten que el verdadero impacto de la recesión combinada con estas modificaciones normativas se verá de forma masiva en la segunda mitad de este año, previendo un escenario de embargos en cadena que afectará la estabilidad de miles de hogares argentinos.