Una drástica reducción horaria busca frenar el gasto en raciones y mantenimiento en las unidades militares. La brecha salarial con la policía obliga a los efectivos a buscar segundas actividades por la tarde, mientras la gestión de recursos apela a métodos de emergencia.

La realidad puertas adentro de las unidades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea atraviesa una transformación inédita debido a las severas restricciones en las partidas presupuestarias. Para intentar contener los costos de funcionamiento diarios, se estableció un esquema de jornada laboral acotada que finaliza al mediodía.

Esta reconfiguración persigue un doble propósito forzado: anular por completo los gastos de comedor y racionamiento dentro de los regimientos, y generar un ahorro directo en el consumo de servicios públicos esenciales como el gas y la electricidad.

Esta ventana horaria libre por la tarde se convirtió, a su vez, en una válvula de escape para el personal. Con ingresos que en las escalas básicas no logran cubrir la canasta familiar y que arrastran un retraso estimado en un tercio respecto de los haberes de los cuerpos de seguridad, muchos uniformados recurren al pluriempleo en el ámbito privado —particularmente en plataformas de traslado o vigilancia— para complementar sus recursos mensuales. El desfasaje salarial a nivel jerárquico muestra distorsiones inéditas en la administración pública, donde mandos intermedios de las fuerzas policiales superan en remuneración a las máximas autoridades castrenses.

La escasez extrema también repercute en la logística y el mantenimiento de la infraestructura. Ante la falta de giros financieros, la administración de los cuarteles debió agudizar el ingenio mediante transacciones de trueque directo para garantizar la subsistencia mínima. El intercambio de excedentes de producción propia, chatarra recuperada o materias primas por alimentos, elementos de ferretería, repuestos vehiculares y artículos sanitarios básicos se transformó en una práctica recurrente para sostener el día a día operativo.

Por otra parte, la estrategia oficial orientada a la enajenación de activos inmobiliarios y terrenos pertenecientes a las carteras de defensa genera tensiones internas. Diversas operaciones de venta de predios de alto valor en áreas urbanas cotizadas habrían recaudado sumas significativas. Sin embargo, los cuestionamientos institucionales apuntan a que el flujo de esos activos es absorbido de manera prioritaria por las metas fiscales del Ministerio de Economía, impidiendo que el grueso de los fondos se reinvierta en el reequipamiento y en la recomposición de los haberes de la familia militar.