El staff técnico del organismo internacional diseñó una hoja de ruta fiscal que presiona sobre los salarios del sector formal y busca cuadruplicar el esfuerzo de los cuentapropistas. La propuesta choca de frente con las metas de reducción impositiva prometidas por el Ejecutivo.

Las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional para estabilizar las cuentas locales reabrieron un frente complejo para la economía doméstica. En sus últimos documentos analíticos, el organismo multilateral insistió en que la estructura impositiva del país requiere cirugía mayor por considerarla inestable y perjudicial para las inversiones. Sin embargo, la receta elegida para engrosar los ingresos estatales se apoya fuertemente en incrementar la carga económica sobre la clase trabajadora y los esquemas simplificados de comercio.

El núcleo de la propuesta plantea un retroceso en los alivios fiscales obtenidos por los empleados en relación de dependencia en el último tiempo. La meta del Fondo es clara: reestructurar el esquema impositivo para que los umbrales de ingresos vuelvan a los niveles de hace unos años. Con este movimiento, se busca de forma explícita que una quinta parte de los trabajadores formales del país quede nuevamente alcanzada por los descuentos salariales directos, una medida que por sí sola aspira a recaudar cifras millonarias para el tesoro nacional.

El impacto sobre el Monotributo se anticipa igual de severo. El plan técnico propone erradicar las ventajas del régimen simplificado y forzar una convergencia progresiva hacia el sistema general de autónomos. Bajo este criterio, los prestadores de servicios y pequeños comerciantes verían incrementadas sus obligaciones mensuales de forma considerable, en un intento del organismo por capturar recursos equivalentes a un punto completo de la producción nacional anual.

Esta avanzada impositiva genera un evidente cortocircuito político. El programa delineado implica aumentar la recaudación general mediante el fin de regímenes especiales, la quita de exenciones sobre el consumo masivo y la indexación constante de tasas a los combustibles y consumos específicos. Para el oficialismo, convalidar este sendero técnico significa convalidar un aumento real de la presión fiscal sobre la actividad privada, contradiciendo el compromiso de achicar la estructura del Estado y devolverle capacidad de ahorro a los ciudadanos.