La estrategia financiera del gobierno nacional enfrenta su examen más riguroso en lo que va del año. Durante el mes de febrero, las cuentas públicas reflejaron una tensión creciente debido a una pinza macroeconómica: por un lado, la recaudación impositiva profundizó su trayectoria descendente, mientras que, por el otro, el gasto público comenzó a mostrar una inercia alcista derivada de los mecanismos de actualización automática frente a la subida de precios.

Este escenario pone en una situación delicada la meta de superávit primario del 2,2% del PBI acordada con los organismos internacionales. El núcleo del problema reside en que, mientras los ingresos tributarios sufrieron una contracción real cercana al 10%, las erogaciones estatales crecieron casi un 3%. Este incremento no responde a una expansión discrecional del gasto, sino al impacto de la inflación de los meses previos sobre las jubilaciones y las asignaciones sociales, que representan casi la mitad del presupuesto nacional y se ajustan de manera indexada.

La erosión de la recaudación tributaria es el síntoma más claro del enfriamiento en la actividad interna. El retroceso es visible en tributos clave vinculados al consumo y el comercio, como el IVA y el impuesto a los créditos y débitos bancarios. En contraste, prácticamente el único ítem que logró mostrar números positivos frente al año anterior fue el impuesto a los combustibles. Incluso los ingresos derivados del empleo formal, como aportes y contribuciones, han comenzado a flaquear, una tendencia que podría acentuarse tras los cambios normativos en el sistema laboral que reasignaron parte de esos fondos hacia esquemas de cese laboral.

Desde la conducción económica, el ministro Luis Caputo ha vinculado la posibilidad de una futura reducción de la carga impositiva a un incremento genuino de los recursos del Estado. Sin embargo, la apuesta oficial no parece descansar en un rebote inmediato de la producción o las ventas, sino en los resultados de la reciente Ley de Inocencia Fiscal y la reforma laboral. La administración confía en que la formalización de ahorros no declarados y la regularización del empleo compensen la caída de ingresos, a pesar de que algunos analistas advierten que los incentivos de estas leyes podrían, en el corto plazo, reducir la presión recaudatoria sobre los salarios.

El panorama para los próximos meses se presenta complejo. Con un acumulado de caída en la recaudación del 8% en el primer bimestre, los especialistas señalan que el margen de maniobra para el ajuste se vuelve cada vez más estrecho. Para sostener el equilibrio fiscal, el recorte sobre las partidas no indexadas debería ser drástico, especialmente considerando que el gasto social seguirá presionando las arcas públicas a medida que se incorporen los índices inflacionarios de enero y febrero. Economistas del sector privado ya califican el desempeño tributario reciente como alarmante, destacando que el deterioro en los derechos de exportación e importación afecta severamente la participación del Tesoro en la distribución de recursos.