El organismo de control denunció anomalías en los balances y falta de transparencia. La investigación apunta a la creación de la Universidad del Fútbol y a contratos con empresas vinculadas a los derechos comerciales.
La disputa entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo judicial y administrativo. Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), elevó un pedido formal al Ministerio de Justicia para enviar veedores a la sede de la calle Viamonte. El objetivo: abrir los libros contables ante lo que el organismo califica como "irregularidades severas" y una persistente reticencia a brindar información.
Los tres pilares de la auditoría
A diferencia de una intervención directa, la figura de la veeduría busca recolectar pruebas sin desplazar a las autoridades actuales. Los puntos críticos que los inspectores pondrán bajo la lupa son:
1.Balances 2025: Revisión de los estados contables cerrados al 30 de junio del año pasado.
2.Proyecto UNAFA: Una auditoría integral sobre el proceso de fundación y financiamiento de la Universidad de la AFA.
3.Contratos bajo sospecha: Análisis de los acuerdos comerciales con las firmas TourProdEnter LLC y el Grupo Sur Finanzas, además de los vínculos con los empresarios Javier Faroni y Ariel Vallejo.
El conflicto del domicilio: "La única verdad es la realidad"
La medida de la IGJ llega tras un intento fallido de la AFA por mudar su domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires. Esta maniobra, que buscaba eludir el control de la Ciudad y pasar a la órbita bonaerense, fue bloqueada por Vítolo. El inspector general fue tajante al respecto, afirmando que la sede en territorio bonaerense era inexistente y que la institución sigue operando centralmente en Capital Federal, lo que ratifica la competencia de su organismo.
Trazabilidad y derechos comerciales
El eje más sensible de la investigación radica en la trazabilidad de los fondos. La IGJ sospecha de anomalías en el flujo de dinero proveniente de la comercialización de derechos de imagen y televisación. Los veedores tendrán la tarea de reconstruir las remesas internacionales y verificar si las rendiciones de cuentas se ajustan a los estatutos legales vigentes.
Desde la IGJ aclararon que este procedimiento no constituye una sanción previa, sino un ejercicio de sus facultades de fiscalización para garantizar que la entidad no esté violando la ley. Ahora, la pelota está del lado del Ministerio de Justicia, que deberá autorizar el ingreso de los inspectores a las oficinas de la AFA, en un clima de creciente tensión política y judicial.
