Este lunes, con el alegato de apertura del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal del caso Juan Narvaez, dio inicio en Neuquén uno de los juicios orales más significativos en la historia de la provincia, por una megacausa de corrupción que investiga el desvío de fondos públicos. El proceso sienta en el banquillo a 14 exfuncionarios, punteros políticos y operadores, acusados por la fiscalía de integrar los niveles superiores de una asociación ilícita. “El dinero se usó para la política y para mantener al Movimiento Popular Neuquino”, dijo la fiscalía. (Foto-. Fiscales.- Inferior: Ricardo Soiza)
La investigación, que comenzó hace tres años, se centró en el manejo de programas sociales destinados a sectores vulnerables. La denuncia principal sostiene que las partidas presupuestarias asignadas para contener la pobreza habrían sido redireccionadas con fines personales y políticos.
Aunque la audiencia estaba programada para las 8:30 de la mañana, el alegato de apertura recién pudo comenzar pasadas las 11:00. Las demoras se debieron a múltiples planteos por parte de las defensas. Entre ellos, uno de los imputados, Fernando Cardozo Regidor, fue autorizado a participar de la audiencia de forma remota, vía Zoom.
Por su parte, Alfredo Cury, también acusado y actuando como defensor, solicitó la suspensión del juicio en su contra. Argumentó que persisten cuestiones sin resolver, incluyendo la recusación del juez Juan Guaita, quien finalmente integra el tribunal, aunque sin presidirlo. A esto se sumó la tardanza del abogado Elio García, quien llegó media hora después de lo establecido, retrasando aún más el inicio del proceso. Este escenario inicial ya anticipa la complejidad de un juicio en el que se prevén tensiones judiciales, políticas y mediáticas.
En esta primera jornada, la fiscalía presentó el cálculo actualizado del perjuicio económico, una cifra escalofriante que asciende a $1.133.790.340,16. Este monto representa una estafa de proporciones inéditas en la historia reciente de la provincia, evidenciando la magnitud del desfalco.
La causa detalla el uso fraudulento de tarjetas de débito, la existencia de beneficiarios fantasma, la extracción sistemática de dinero en efectivo y un desvío de fondos completamente institucionalizado. Los fiscales aseguran tener las pruebas documentales y testimoniales necesarias para demostrar cómo se ejecutó cada etapa de la maniobra.
Para ello, se han citado a más de 200 testigos que irán declarando a lo largo de los próximos meses. El proceso se anuncia extenso, y se espera que cada audiencia pueda arrojar nuevas revelaciones sobre cómo se articuló y operó esta compleja red de corrupción.
La teoría del caso de la fiscalía es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar). Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:
-Colaboradores/as: L.M.G.; L.C.R.; J.O.; y J.A.
-Reclutador/a: I.M
-Recaudadores/as: V.N.H; A.K; y V.C.E.
-Beneficiados/as por la maniobra: A.A.C; y F.C.R
Debido a la cantidad de testimonios que se espera recibir y de la prueba que debe producirse durante el juicio, se estima que el debate va a desarrollarse, al menos, hasta la segunda semana de septiembre.
Además del fiscal jefe y del fiscal del caso, el equipo de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos está integrado por las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid. Por la querella en representación de la fiscalía de Estado interviene Gustavo Kohon.
Los jueces que componen el tribunal colegiado encargado de juzgar el caso son Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.
Acuerdos
El caso tiene otras personas involucradas que previamente arreglaron su situación procesal mediante acuerdos impulsados por la fiscalía para resolver la situación de aquellos imputados con participaciones de menor relevancia.
En total, las condenas previas al juicio alcanzaron a nueve personas:
Gustavo Roberto Mercado,
Aarón Escobar
Carolina Beatriz Hernández,
Pamela Alejandra Rivera,
Gesel Roxana Tarifeño
Pamela Alejandra Cea,
Rodolfo López y
Adrián Meza Lizama,
Omar Ulises Rodríguez Quezada
Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra.
Las condenas fueron por 3 años de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta, además del pago de sumas de dinero a instituciones de bien público. En un caso se reparó la totalidad la suma reclamada, además de que la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará en los reclamos correspondientes en el fuero Procesal Administrativo, más allá del resultado del juicio Penal.
