La jefa de Fiscales, Sandra González Taboada, formuló cargos a Fabio Luna, director de Modalidad Rural y a Patricia Cresatti, directora de Nivel Primario del CPE por Incumplimiento a los deberes del funcionario público en concurso real con homicidio Culposo en los términos del 248, 84,54 y 45 del código penal, en carácter de autor.

La audiencia está en cuarto intermedio para pedir a los manifestantes que están fuera del edificio que moderen el sonido porque hay dificultades para escuchar las argumentaciones.

A Luna se le adjudica "no haber informado que la escuela primaria se encontraba en obra por lo que ese establecimiento escolar no estaba en condiciones de volver a las clases presenciales".

Es decir, según la teoría fiscal, por la omisión de Luna se incluyó a la escuela 144 en la resolución 440 que ordenó que se retome la presencialidad escolar el día 28 de junio y, por ello, el 29 estaba en la escuela la docente Mónica Jara quien falleció días después por las heridas que le dejó la explosión.

El cargo que se le achaca a Luna es por incumplimiento de los deberes de funcionario público y homicidio culposo en concurso ideal, en carácter de autora.

En cuanto a Cresatti se le adjudica lo mismo: no haber advertido que la escuela 144 estaba en obra lo que llevó a emitir la Resolución 440 que habilitó la vuelta a la presencialidad. González Taboada detalló que "Entendemos que se subsume la conducta que acabamos de describir en nuestra teoría fáctica, en Incumplimiento a los deberes del funcionario público en concurso real con homicidio Culposo en los términos del 248, 84,54 y 45 del código penal, en carácter de autor".

Por la querella habló el abogado Emanuel Roa Moreno, quien apoyó los cargos formulados por la fiscal y señaló que "una serie de incumplimientos develó que lo que se estaba llevando adelante era una obra irregular, con contratos irregulares.. una obra de gas clandestina, sin control de organismos de control", dijo.

El letrado aseguró que "Había documentación falsificada" que permitió que se beneficiara "indebidamente a la empresa que llevaba adelante esto", apuntó.

"Además, existió negligencia y desidia de funcionarios del estado que debían velar" por la seguridad del personal docente, no docente y los alumnos.