El Ejecutivo liderado por Carlos Saloniti necesita el aval de los concejales —actualmente en receso invernal— para refinanciar más de $1.747 millones con el ente provincial. Tras un compromiso político provisorio, volvió la energía, pero el conflicto por el convenio vigente sigue escalando.
La tensión política y financiera en San Martín de los Andes sumó un capítulo dramático en las últimas horas. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) ejecutó el corte del suministro eléctrico en el edificio del palacio municipal y en la sede del Concejo Deliberante. La drástica medida se tomó en el marco del reclamo por una deuda multimillonaria que supera los $1.747 millones (aproximadamente 1.200.000 dólares). Si bien el servicio fue restituido tras un acuerdo preliminar de palabra, la solución de fondo sigue siendo una incógnita.
Para destrabar el conflicto y regularizar la situación con el organismo provincial, la administración del intendente Carlos Saloniti elevó de urgencia un pedido de autorización al Concejo Deliberante para firmar un plan de refinanciación. Sin embargo, la jugada administrativa choca contra los tiempos legislativos: el cuerpo entró formalmente en receso invernal, lo que obligaría al jefe comunal a emitir un decreto ad referendum para evitar un nuevo apagón institucional.
El origen del desfasaje: tarifas y medidores ajenos
A través de una nota enviada por la Secretaría de Economía y Hacienda, el Ejecutivo local argumentó que el esquema financiero establecido por la Ordenanza Nº 7158/2006 quedó completamente obsoleto ante el fuerte incremento de las tarifas eléctricas. Desde el Municipio señalaron que el convenio funcionó sin mayores sobresaltos durante casi dos décadas, pero que el actual contexto macroeconómico tornó la situación insostenible.
Además, la auditoría interna municipal detectó una fuerte irregularidad que aceleró el rojo financiero: el Municipio venía afrontando el costo de la energía de los sistemas de bombeo pertenecientes a la Cooperativa de Agua Potable. Ante este panorama, Saloniti anunció que impulsará el traspaso inmediato de la titularidad de esos medidores para que el consumo sea absorbido por la cooperativa y deje de impactar en las arcas públicas.
Cruce de acusaciones por un convenio "desigual"
Más allá de la necesidad de pago, el documento oficial del Municipio lanza duras críticas hacia el EPEN, denunciando una "manifiesta desigualdad" en las reglas de juego. El Ejecutivo reclama que, mientras el ente provincial percibe un porcentaje por gastos administrativos derivados de la cobranza, la comuna no recibe compensación alguna por la recaudación de la tasa de alumbrado público. La Asesoría Legal y Técnica ya trabaja en una reformulación integral del contrato.
La respuesta del EPEN no tardó en llegar y quedó asentada mediante una carta documento. El organismo provincial rechazó de plano los cuestionamientos, asegurando que actúa estrictamente como agente recaudador bajo la normativa aprobada por el propio Concejo Deliberante en 2006. Respecto a los polémicos medidores de la cooperativa, el ente aclaró que fueron habilitados en su momento con la autorización expresa de funcionarios municipales.
Plan de pago y parálisis legislativa
El plan de salvataje presentado por la Secretaría de Economía contempla cancelar la deuda en 24 cuotas mensuales. El acuerdo exige un desembolso inicial cercano a los $102 millones y, debido al costo financiero, el monto total a pagar al final del plazo trepará por encima de los $2.363 millones.
Con el Concejo Deliberante de vacaciones, el intendente Saloniti deberá mover las fichas políticas para convalidar el acuerdo de manera provisoria. La resolución del conflicto no solo definirá el futuro de las cuentas públicas de San Martín de los Andes, sino que abre un debate profundo sobre la administración de los recursos locales y la tirante relación con las empresas del Estado provincial.
