La Justicia de la provincia de Buenos Aires dictó una sentencia sin precedentes al responsabilizar de forma directa al sistema educativo estatal por su inacción ante un caso sostenido de hostigamiento escolar. El fallo obliga a la administración provincial a abonar una indemnización superior a los 20 millones de pesos a un joven y a su grupo familiar, tras constatar que las autoridades de un colegio técnico de Chivilcoy ignoraron las reiteradas alertas de acoso.
El dictamen judicial se centró en la Escuela Técnica Mariano Moreno, el establecimiento donde se desencadenaron los hechos. De acuerdo con los elementos recabados en el expediente, la magistrada a cargo de la causa determinó que existió una marcada negligencia y falta de intervención por parte de los adultos responsables de velar por la integridad de los estudiantes.
Testimonios clave y la "invisibilización" del acoso
La resolución judicial se cimentó en una serie de declaraciones fundamentales aportadas por los propios compañeros de aula de la víctima.
·Alertas desoídas: Los alumnos testigos aseguraron ante los tribunales haber acudido en múltiples oportunidades a preceptores, docentes y directivos para advertir sobre las agresiones.
·Minimización del daño: Según los relatos de los jóvenes, el personal del colegio tendió a restarle trascendencia al padecimiento del estudiante, adoptando una postura de indiferencia y desatención.
·Continuidad en el tiempo: La jueza interviniente descartó de plano que se haya tratado de un suceso fortuito, encuadrándolo como un proceso crónico y sistemático de violencia entre pares que afectó la trayectoria escolar del damnificado.
Secuelas emocionales y el alcance de la reparación
La millonaria indemnización fijada por los tribunales busca reparar los perjuicios morales, la pérdida de confianza y el profundo sufrimiento psicológico infligido al alumno a lo largo de los años.
El hostigamiento continuo provocó un severo impacto en la salud emocional del adolescente, al punto de dejar secuelas psicofísicas que requirieron el inicio de un tratamiento terapéutico prolongado. El fallo asocia de manera directa la gravedad de estos daños con el prolongado período de desprotección institucional en el que se encontró inmerso el menor.
Estrategia de apelación y conflicto doctrinario
El conflicto legal sumará un nuevo capítulo, ya que desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirmaron que recurrirán la sentencia ante una instancia superior. El núcleo de la controversia entre la Justicia y la defensa estatal radica en la periodicidad de los ataques:
Mientras que la resolución judicial determinó la existencia de una conducta abusiva extendida y denunciada que la escuela no frenó, la estrategia de los abogados provinciales intentará relativizar la demanda, argumentando que se trató de un acontecimiento aislado y sin carácter recurrente dentro de la institución.
