El Poder Ejecutivo nacional oficializó este lunes la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral a través del Decreto 407/26. El encargado de precisar el alcance de la normativa fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien fundamentó las modificaciones bajo la premisa de adaptar el marco legal local a las demandas globales contemporáneas, dejando atrás estructuras normativas desactualizadas.
El paquete de medidas se ramifica en dos grandes directrices: por un lado, modificaciones operativas directas sobre el vínculo laboral diario y, por el otro, una reconfiguración de la Ley de Convenciones Colectivas junto con los criterios de representación de los sectores gremiales y patronales.
Radiografía del nuevo recibo de sueldo: Desagregación y visualización del costo
Uno de los puntos más disruptivos de la reglamentación es el rediseño obligatorio del recibo de haberes, concebido como un instrumento para transparentar la totalidad de la erogación que realiza una empresa por cada puesto de trabajo. El nuevo modelo expone de forma explícita la brecha económica entre lo desembolsado por el empleador y el salario de bolsillo percibido por el empleado.
La estructura del documento ahora se divide de manera obligatoria en tres segmentos diferenciados:
1.Bloque de contribuciones patronales: Visibiliza la totalidad de los recursos que aporta el empleador, independientemente de su destino, incluyendo fondos dirigidos a la seguridad social nacional, federaciones, sindicatos u otras entidades jurídicas vinculadas.
2.Formato tradicional: Muestra la transición clásica desde el salario bruto, detallando las deducciones de ley pertinentes, hasta determinar el salario neto.
3.Representación gráfica de la "cuña fiscal y sindical": Un apartado visual que desglosa exhaustivamente los conceptos recaudados por sobre el sueldo neto, explicitando el destino exacto de cada flujo de dinero.
Modernización administrativa y beneficios sociales
El decreto introduce diversas herramientas digitales y operativas orientadas a desburocratizar los procesos corporativos:
·Licencias médicas y recetas digitales: Las licencias previstas por el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo deberán validarse exclusivamente mediante recetas digitales para asegurar la trazabilidad diagnóstica. En caso de desacuerdo entre las partes, se habilita la intervención de una junta médica.
·Comunicaciones electrónicas: La Secretaría de Trabajo queda facultada para establecer canales y notificaciones administrativas de carácter digital.
·Desvinculaciones de común acuerdo: Se formaliza una instancia administrativa específica para la homologación de convenios de cese laboral por mutuo consentimiento.
·Control de trámites jubilatorios: Los empleadores contarán con un sistema de información fehaciente sobre los estados de inicio y finalización del trámite de retiro de su personal.
·Beneficios no remunerativos: Se fijan pautas claras que permiten el reintegro de gastos de transporte mediante comprobantes y la cobertura de comedores de cercanía como adicionales a la remuneración corriente.
Flexibilización en servicios eventuales y sector de la construcción
El régimen de contratación eventual experimenta un fuerte cambio tendiente a facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado, especialmente en el interior del país. La inscripción pasa a ser electrónica, arancel cero y simplificada, implementando el mecanismo de silencio positivo con habilitación automática a los quince días hábiles de iniciado el trámite. Asimismo, se flexibilizan los requisitos de solvencia económica exigidos anteriormente y se expanden los supuestos de asignación de personal bajo este formato.
En lo que respecta a la industria de la construcción, el decreto suprime la potestad del IERIC para gestionar las altas y bajas del personal. A partir de la reglamentación, los registros ante ARCA constituirán el único sistema válido, suficiente y unificado para constatar la debida registración laboral, eliminando la obligación de resguardar múltiples libros duplicados en papel.
Convenios colectivos, aportes y el fin de la ultraactividad
La reforma introduce límites de representación y aportes en el marco de la negociación colectiva:
Representación empresaria federal: Los conglomerados corporativos que concentren más del 10% de la fuerza laboral de un sector tendrán derecho a participar de las paritarias. La norma amplía la inclusión de representantes de diversas jurisdicciones para federalizar las mesas de diálogo y promueve agrupaciones de consorcistas para negociar con el sector de encargados de edificios.
Caída de cláusulas obligacionales: En sintonía con el fin de la ultraactividad fijado por la Ley 27.802, los convenios que se encuentren vencidos sufren la caducidad automática de sus cláusulas obligacionales, tales como contribuciones compulsivas o quitas salariales directas. Para los acuerdos que aún mantengan vigencia, se establecen topes máximos de retención: hasta un 2% para empleados y un 0,5% para empleadores, calculados en base al haber mínimo de convenio. No se homologará ningún acuerdo que vulnere estos márgenes.
Finalmente, se regula la figura del sindicato por empresa, jerarquizando sus convenios por sobre los de actividad general. Para obtener la personería en este ámbito, se exige una antigüedad mínima de seis meses y una masa de afiliados que supere el 5% del padrón existente, otorgando un plazo de 45 días a la autoridad laboral para dictaminar al respecto. En paralelo, se dispone el cese de funciones de delegados si se altera la personería gremial de base y se introduce un tope mensual para las horas destinadas a tareas gremiales, buscando resguardar la continuidad operativa de los establecimientos.
