Las protestas afectan a seis de los nueve departamentos del país. Las organizaciones movilizadas radicalizaron su postura y ahora exigen de forma exclusiva la renuncia del presidente Rodrigo Paz, rechazando los llamados al diálogo.
La crisis política y social en la República de Bolivia continúa agravándose de forma acelerada. Este viernes, el país amaneció con un total de 76 puntos de bloqueo activos en su red vial, lo que representa un incremento respecto a los 66 registros informados durante la jornada del jueves, según el último reporte de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).
La medida de fuerza, que comenzó el pasado 1 de mayo bajo la declaratoria de un paro general indefinido por parte de la Central Obrera Boliviana (COB), mutó en un cerco total a la sede de Gobierno debido al corte de rutas iniciado días después por las organizaciones campesinas de La Paz. Si bien las movilizaciones comenzaron en demanda de atención a reclamos sectoriales, los sectores civiles radicalizaron su postura y actualmente solo exigen la dimisión inmediata del presidente Rodrigo Paz.
El mapa del conflicto, región por región
El impacto de las protestas civiles mantiene una distribución dispar en el territorio boliviano, concentrándose la mayor fuerza de la medida en la zona andina y los valles, mientras que la región amazónica y del sur permanecen conectadas. La distribución de los cortes de rutas informada por las autoridades viales detalla el siguiente panorama:
La Paz: Es la región más afectada con 21 bloqueos activos que consolidan el cerco a la capital.
Cochabamba: Registra 16 cortes de ruta en puntos estratégicos.
Potosí: Concentra 15 piquetes viales.
Oruro: Suma 12 puntos de conflicto.
Chuquisaca: Cuenta con 10 interrupciones de tránsito.
Santa Cruz: Mantiene 2 bloqueos en sus conexiones viales.
Pando, Beni y Tarija: Se mantienen como las únicas tres provincias sin registrar puntos de conflicto ni cortes en las carreteras administradas por la ABC.
Desabastecimiento crítico y advertencia oficial
El impacto de los cercos camineros comenzó a generar consecuencias de extrema gravedad humanitaria en los principales centros urbanos del país, siendo las ciudades de La Paz y El Alto las más afectadas por el aislamiento. En ambas urbes se reporta una escasez crítica de combustibles, faltante de alimentos básicos de la canasta familiar y una situación de alarma sanitaria ante la falta de provisión de oxígeno medicinal para los centros de salud.
Ante este escenario de parálisis, el presidente Rodrigo Paz emitió hace dos días una "última" convocatoria formal para abrir una mesa de negociación con los líderes de las protestas. En su mensaje, el mandatario advirtió de manera tajante que, de persistir la intransigencia y la negativa a asistir a los constantes llamados al diálogo, se procederá con la aplicación estricta de los mecanismos de la ley para restablecer el orden y la libre circulación en el país.
