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El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes ratificó una sentencia que marca un antes y un después en la jurisprudencia ambiental de Argentina. La justicia dejó firme la condena contra Ricardo Nicolás Prieto, un productor hortícola hallado responsable del fallecimiento de un niño de 5 años y de causar lesiones graves a otra menor tras una exposición directa a agrotóxicos.

Los detalles de la sentencia

Prieto fue condenado a tres años de prisión por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. El tribunal rechazó los recursos de la defensa al considerar que existe "certeza necesaria" sobre la negligencia del productor en el manejo de sustancias tóxicas en su finca de la localidad de Lavalle.

·El origen de la tragedia: En marzo de 2011, Nicolás Arévalo y su prima Celeste Estévez entraron en contacto con el químico alfaendosulfan (un compuesto organoclorado) presente en una zanja de descarte lindante a las plantaciones de tomate del acusado.

·Causa del deceso: La inhalación y el contacto con el tóxico provocaron un edema agudo de pulmón en el niño, quien falleció poco después, mientras que la niña sufrió secuelas crónicas de gravedad.

·Negligencia acreditada: La justicia determinó que el productor permitió fumigaciones sin los controles adecuados, manteniendo las cortinas de los invernaderos levantadas, lo que facilitó que el viento propagara los agroquímicos hacia zonas habitadas.

Un precedente contra la impunidad ambiental

Este caso es el primero en su tipo en llegar a una condena firme por muerte derivada del uso de plaguicidas, sentando un estándar para la protección de comunidades rurales y áreas periurbanas.
Organizaciones ambientales señalan que el fallo es un mensaje directo sobre la responsabilidad penal de quienes manipulan sustancias peligrosas sin respetar las distancias y protocolos de seguridad.

Pergamino: el próximo foco de conflicto

Mientras se cierra el capítulo legal en Corrientes, en la provincia de Buenos Aires avanza un proceso similar. En Pergamino, se inició un juicio oral que involucra a:

·Siete productores agropecuarios.

·Dos exfuncionarios públicos, imputados por primera vez por el incumplimiento de sus deberes al no fiscalizar las fumigaciones denunciadas por los vecinos.

Este proceso en Buenos Aires también cuenta con testimonios desgarradores, como el de Sabrina Ortiz, quien vincula la pérdida de su embarazo y graves problemas de salud de su familia con la exposición constante a venenos agrícolas.