Ingresó a la Legislatura un proyecto para implementar en la provincia un sistema de alerta temprana de personas vulnerables desaparecidas –ALERTA VIDA-. En los fundamentos, Lisandro Ariel Calvo –impulsor de la propuesta- sostiene que apunta en particular a infancias, adolescencias, mujeres y adultos mayores y que la iniciativa deriva de “la demora institucional, vacíos de competencia y falta de articulación” para la activación inmediata de búsqueda en la actualidad.
El sistema de alerta deberá ser puesto en marcha como máximo a la hora de recibida la correspondiente denuncia. Su implementación implica el trabajo coordinado, en tiempo real, de fuerzas de seguridad, organismos judiciales, medios de comunicación y ciudadanía para dar con el paradero de la persona.
Funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
En cuanto a su funcionamiento y estructura, contempla criterios de activación inmediata ante denuncias formales –sin tiempos de espera- y prevé el uso de rastreo móvil, geolocalización, cámaras urbanas y sistemas satelitales para dar con el paradero. Además, crea un registro único con acceso controlado y resguardo de datos personales y un observatorio que recopilará, analizará y publicará estadísticas en la materia.
Asimismo, dispone la difusión inmediata en medios oficiales y redes sociales y promueve la participación solidaria de la ciudadanía mediante canales seguros de información y denuncias.
En relación al financiamiento, proyecta –además de las partidas presupuestarias que le correspondan- la creación de un fondo específico para cubrir gastos urgentes en operativos y otorgar recompensas para quienes brinden información verificada que facilite la ubicación de la persona desaparecida.
Además, el sistema asegura contención psicológica, asesoramiento legal y acompañamiento social tanto a la víctima como a su entorno familiar y contempla sanciones para funcionarios o agentes que no hayan actuado en los tiempos establecidos.
Finalmente, crea también el Protocolo de intervención urgente (PIU) que se aplicará en casos de acoso, hostigamiento o amenaza, bajo el cual se deberá evaluar el riesgo en un plazo no mayor a tres horas de recibida la denuncia y deberá tomar medidas preventivas inmediatas como restricción de acercamiento, custodia policial contención psicología o derivación a refugios.
La iniciativa “responde a un clamor social profundo: el derecho a vivir sin miedo, a ser buscado, a ser encontrado y a ser escuchado” sintetiza Calvo en los argumentos.
