Un contundente fallo judicial expuso la grave desobediencia del Consejo Provincial de Educación (CPE) de Neuquén, obligándolo a dar marcha atrás y restituir a una docente y delegada sindical de ATEN Capital a su puesto en la Escuela N° 183. El organismo provincial ignoró una orden de reincorporación, lo que llevó al juez a imponer una multa diaria demoledora de más de $70.000 hasta que se cumpliera la sentencia.

El conflicto escaló a la justicia luego de que la trabajadora, Laura Isabel Jara, fuera separada de su cargo mediante un sumario. La denuncia original, impulsada por la dirección del establecimiento, versaba sobre un supuesto maltrato a estudiantes. Sin embargo, este cargo central fue desestimado de forma categórica por la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente N° 3, que no encontró pruebas de afectación a los derechos de los menores.

El costo de la intransigencia: $70.292 diarios por ignorar la ley

A pesar de la falta de sustento en la acusación de maltrato, el CPE continuó con las instancias sumariales, manteniendo a Jara fuera del aula. Esto motivó al sindicato ATEN a presentar un amparo, que resultó en una medida cautelar emitida por el Juzgado Laboral N° 2 el pasado 25 de agosto, que ordenaba la reincorporación inmediata.

Ante el incumplimiento liso y llano del CPE, el juez Hugo Daniel Ferreyra resolvió este martes aplicar una sanción ejemplar: $70.292,81 por cada día de retraso, una figura legal conocida como astreintes, diseñada precisamente para forzar el acatamiento de las órdenes judiciales. El escándalo de una potencial deuda millonaria por desacato forzó finalmente al organismo educativo a ceder y reintegrar a la maestra.

Desde el gremio ATEN, la secretaria general Angélica Lagunas denunció que la acción disciplinaria fue, en realidad, un acto de hostigamiento antisindical. Sostuvo que Jara fue sumariada tras haber expuesto y denunciado "situaciones de violencia sistemática" dentro de la propia escuela, una postura que fue respaldada por al menos otros seis docentes.
Lagunas remarcó que, como delegada gremial, la docente goza de la protección legal otorgada por la Ley 23.551, y que su separación del cargo —basada en denuncias no comprobadas— constituyó una flagrante violación de los fueros sindicales.

"Es un escándalo que se evitó. Era un despropósito que el CPE pagara multas con la plata de los neuquinos cuando era más fácil acatar y darnos la razón", declaró Lagunas, advirtiendo sobre la contradicción de un organismo que aduce falta de presupuesto para mejoras edilicias o salariales, pero que sí estaba dispuesto a afrontar costosas sanciones por su propia intransigencia.

El caso de la Escuela 183 se convierte así en un precedente clave en Neuquén, reforzando la inviolabilidad de la tutela sindical y la obligación ineludible de las instituciones públicas de cumplir con las resoluciones del Poder Judicial.